Según establece el artículo 12.1.c de la LOPP, la disolución de un partido, como consecuencia de su ilegalización, "determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tresliquidadores designados por la Sala sentenciadora".

"El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario", añade la citada ley, que ha servido al Alto Tribunal para estimar las demandas que la Fiscalía General del Estado y el Abogado del Estado presentaron en su día para la ilegalización de la coalición "abertzale".

Otra de las consecuencias de este proceso judicial contra HB, EH y Batasuna consiste en la cancelación de su inscripción en el Regisro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

El proceso para ilegalizar Batasuna se inició el 26 de agosto del pasado año, cuando el Congreso de los Diputados, a petición de PP y PSOE, instó al Gobierno a presentar una demanda de ilegalización de Batasuna, uno de los instrumentos contemplados en la Ley de Partidos Políticos para actuar contra una fuerza política que incumple la legislación.

Tras esta iniciativa parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 30 de agosto la presentación de una demnda contra Batasuna, iniciativa que fue admitida a trámite por el Supremo el 14 de septiembre. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado decidió presentar su propia demanda, que también fue admitida a trámite.