Hoy finaliza el plazo de cinco días que el Tribunal Supremo otorgó a las partes paraque formulen por escrito sus alegaciones, como establece el artículo 240.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tanto el abogado del Estado como el fiscal se han pronunciado en contra del incidente.

En su escrito, la Abogacía del Estado sostiene que no existen fundamentos procesales ni jurídico materiales que justifiquen el incidente de nulidad promovido por el Parlamento Vasco. Antes al contrario, existen solidísimas razones de orden formal y material para afirmar la procedencia del Auto de8 de junio de 2003", en el que se ordenan una serie de medidas encaminadas a la aplicación de la disolución de SA, decretada el 20 de mayo.

Para la Abogacía del Estado, "la disolución judicial de los grupos parlamentarios no es, pues, más que una consecuencia lógica de la de los partidos políticos", la cual corresponde a la Sala Especial, que ya declaró en su día la ilegalización y subsiguiente disolución de los "partidos políticos que sirven de soporte" al grupo Sozialista Abertzaleak.

Además, sstiene que una cosa es respetar los derechos individuales de "status" de los parlamentarios integrantes del Grupo Sozialista Abertzaleak, "y otra distinta decidir la continuidad o disolución de un grupo partalmentario vinculado a un partido disuelto".

Asimismo, rechaza que se haya causado indefensión al Parlamento Vasco, dado que "no es parte legítima ni debía serlo" y afirma que "es un mero colaborador o auxiliar del tribunal sentenciador a la hora de acatar y cumplir" el auto de 20 de mayo, por el qe se decreta la disolución de Sozialista Abertzaleak.

El Parlamento Vasco basa su incidente de nulidad en once sentencias del Tribunal Constitucional y cuatro del Tribunal Supremo que, a juicio de sus servicios jurídicos, aportan el fundamento legal que respalda su negativa a aplicar los autos del Tribunal Supremo sobre la disolución de Sozialista Abertzaleak (SA).

Además, según los letrados de la cámara vasca, de la propia Constitución, la Ley de Partidos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y lade la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puede deducirse que mandar disolver SA "afecta de pleno a la autonomía y la inviolabilidad" del Parlamento vasco.