"Es la primera vez", dijo a la cadena Ser, "que el Tribunal Superior de Justicia de un Estado sitúa nada menos que en la mesa del Gobierno de la nación, del consejo de Ministros, la organización de un grupo armado para atentar contra al libertad y otros derechos de ciudadanos y además financiándolo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de fondos reservados".

Agregó que, además de la gravedad jurídic del caso, "hay una indudable lectura política", puesto que al menos cuatro cargos de los implicados fueron nombrados por el Consejo de Ministros y eran cargos de confianza del Gobierno.