Así se deduce de las palabras del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, quien recomendó hoy en rueda de prensa la lectura del artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a la obligación de comparecer personalmente, como testigo, en los procesos judiciales.

Ese artículo establece que "si las personas mencionadas en los números 2, 3, 4, 5 6 y 8 del artículo 412 hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate, podrán consignarlo por medio de informe escrito" (el artículo 412, 2 alude precisamente a los ministros).

Por otra parte, Leopoldo Torres dijo que la elección de un nuevo fiscal para el caso Amedo, obligada ante el nombramiento del anterior fiscal del caso, Eladio Escusol, como magistrado del Tribunal Supremo, no responderá a los intereses de ninguna de las partes inmersas en el juicio.

"No oedecerá ni a los intereses de la acusación particular", señaló Torres, "ni a las preferencias que puedan manifestar los medios judiciales, cuyo interés prefiero no valorar".

Leopoldo Torres desmintió que la sustitución de Eladio Escusol hubiera sido pactada con el Ministerio Fiscal o que el propio Escusol manifestase que no quería participar "en algún proceso determinado", refiriéndose al caso Amedo.

INDULTO A SAEZ DE SANTAMARIA

El fiscal general del Estado se refirió también al informe favorabe que ha elaborado el Ministerio Fiscal sobre la concesión de indulto para el ginecólogo malagueño Germán Saez de Santamaría, condenado a 4 años de cárcel por realizar un aborto a una niña de 14 años que había sido violada en reiteradas ocasiones por un primo suyo de 50 años de edad.

Torres señaló que al emitir este informe favorable habían tenido en cuenta "razones de equidad y de utilidad pública".

Sin embargo, señaló como condición para que se pueda conceder el indulto al ginecólogo, el cumpliiento de las condiciones legales, una de las cuales es que Germán Saez de Santamaría debería encontrarse a disposición del tribunal, en cumplimiento de la sentencia que dictara en su día la Audiencia de Málaga y que fue confirmada por el Supremo.