En el marco del Debate sobre el Estado de la Región celebrado hoy, Barreda recordó que el Estado de las Autonomías, que emanó de la Carta Magna, se ha correspondido con el período de libertad y democracia más largo y fecundo de toda la historia de España.

Por eso, puso de manifiesto los efectos beneficiosos que el Estado autonómico ha tenido para los españoles y para Castilla-La Mancha.

Asimismo, el presidente regional reiteró su deseo de que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se afronte desde el acuerdo y el consenso dentro de los límites de la Constitución, en la línea de la declaración conjunta suscrita el pasado día 6 de octubre por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno regional.

En su opinión, la reforma del texto debe efectuarse con objeto de actualizarlo a la nueva realidad y deberá contemplar una profundización en los derechos de ciudadanía; la modernización institucional; el nuevo marco competencial; el ámbito de relaciones con otras comunidades autónomas, con el Estado y con la Unión Europea; y un marco solidario y renovado de financiación.

Para Barreda, el Estatuto de Autonomía debe recoger la profundización de los derechos de ciudadanía con objeto de optimizar la asistencia que los poderes públicos ofrecen a los colectivos más necesitados.

En este punto, propuso la inclusión en el texto autonómico de una Carta de Derechos de Ciudadanía, que recogerá los derechos sociales ya consolidados en la práctica; la protección de colectivos dependientes; nuevos derechos de libertad derivados de los avances en el terreno de las ciencias biomédicas, y el pleno acceso a los beneficios de la sociedad de la información.

Asimismo, este documento también contemplará aspectos como la prevención de riesgos laborales; la plena equiparación de géneros y la protección integral contra la violencia de género; el reconocimiento del derecho a un medio ambiente adecuado, mediante el ejercicio de la acción popular y el acceso a la información; y los derechos derivados de la plena protección de los consumidores.

Además de la modernización institucional, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego subrayó que el texto autonómico deberá garantizar el mayor nivel competencial posible que permita la Constitución con relación a materias como la política del agua.

Tal y como apuntó, el Estatuto también deberá definir el marco de relaciones con las otras comunidades autónomas, con el Estado y la Unión Europea.