Este Barómetro, realizado con 1.500 entrevistas (a empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos) y al que tuvo acceso Servimedia, evidencia que la idea de que los servicios públicos no deben privatizarse se ha mantenido constante antes y después de la llegada del PP al poder e incluso se ha incrementado, ya que el porcentaje del Barómetro Fiscal anterior era del 78%.

Los servicios públicos y prestaciones sociales consideradas en el Barómeto Fiscal son los ambulatorios y hospitales, las autovías, los colegios y universidades, los ferrocarriles, las pensiones de jubilación, el seguro de desempleo, los servicios sociales, las pensiones de enfermedad o invalidez y las residencias de tercera edad, entre otros.

En 2000, un 66% de los ciudadanos apoyaba la idea de que esos servicios y prestaciones deben seguir siendo públicos y financiarse mediante impuestos, a los que se sumaban otro 18% que cree que deben pagarse en parte mediante tributosen parte por los usuarios.

Mientras, un 7% se inclina en favor de que mantengan su carácter público, pero que sean gestionados por el sector privado, en tanto que por la privatización pura y simple, de manera que cada cual pague directamente lo suyo, sólo opta un 3,3%.

SERVICIOS SOCIALES

Los autores del Barómetro señalan que una proporción "siempre mayoritaria" de los ciudadanos opina que los niveles de calidad y cantidad en los servicios y prestaciones han aumentado en la última década.

o obstante, el 64% de la población considera que "los impuestos que se pagan son poco o nada adecuados en relación con los servicios que se reciben del Estado".

Según el Barómetro, a pesar de que persiste la percepción de que el contribuyente paga más de lo que recibe a cambio, hay una tendencia hacia el "mayor equilibrio entre el esfuerzo fiscal realizado y los beneficios obtenidos a cambio".

En este sentido, un 27% de los ciudadanos cree altamente justificados los impuestos, un 49% se sitúan enuna "justificación media", mientras que el 25% encuentra difícil justificación al pago actual de impuestos.

Comparando estos resultados con los de años anteriores, se observa cómo a partir de 1996 se consolida entre la población española la idea de la alta justificación del pago de impuestos a cambio de la oferta pública de servicios y prestaciones garantizados por el Estado.

Finalmente, respecto a la función redistribuidora de los impuestos, la opinión de los ciudadanos ha mejorado sensiblementey el 50% cree que es correcta, un 45% la considera escasa y un 5% excesiva.