Este Barómetro, realizado con 1.500 entrevistas (a empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos) y al que tuvo acceso Servimedia, evidencia que la idea de que los servicios públicos no deben privatizarse se ha mantenido constante antes y después de la llegada del PP al poder

Los servicios públicos y prestaciones sociales consideradas en el Barómetro Fiscal son los ambulatorios y hospitales, las autovías, los colegios y universidades, los ferrocarriles, las pensiones de jubilación, el seguro de desempleo, los servicios sociales, las pensiones de enfermedad o invalidez y las residencias de tercera edad, entre otros.

En 1999, año del último Barómetro Fiscal, un 59,8% de los ciudadanos apoyaba la idea de que esos servicios y prestaciones deben seguir siendo públicos y fnanciarse mediante impuestos, a los que se sumaban otro 18,2% que cree que deben pagarse en parte mediante tributos y en parte por los usuarios. En total, un 78%.

Un 11,2% se inclina en favor de que mantengan su carácter público, pero sean gestionados por el sector privado, en tanto que por la privatización pura y simple, de manera que cada cual pague directamente lo suyo, sólo opta un 3,3%.

Los autores del Barómetro señalan que, "en opinión de los españoles, la evolución experimentada por la ofeta pública de prestaciones en la última década es claramente positiva", lo que no obsta para que "la mayoría de la población piense que dicha oferta pública es todavía poco adecuada al grado de presión fiscal existente".

Asimismo, "la mayoría de la población señala, año tras año, que algunos servicios y prestaciones (especialmente la sanidad, el fomento de empleo, la educación, la protección social y las ayudas a la juventud) todavía deben mejorar".

A juicio de los expertos del Instituto de Estudos Fiscales, "podría decirse que, en relación con la fiscalidad, la opinión pública española se hace el siguiente cálculo: merece la pena pagar impuestos si con ello se disfruta de la oferta de servicios y prestaciones actualmente existente, aunque tal oferta todavía no sea la más adecuada en relación con el nivel de presión fiscal que se viene soportando".

Por lo que se refiere a la función distribuidora de los impuestos, la opinión de los ciudadanos es más escéptica, ya que un 45,7% la califica de ecasa, un 42% de correcta y un 4% de excesiva.