Este Barómetro, que comenzó a realizarse en 1995, se basa en una encuesta anual efectuada entre 1.500 ciudadanos pertenecientes a los colectivos de empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos.

El último Barómetro Fiscal de 1999, al que tuvo acceso Servimedia, muestra que alrededor de la mitad de los españoles están convencidos de que empresarios y profesionales liberales defraudan sistemátcamente a la Hacienda Pública.

Pero, además, la encuesta pregunta a cada colectivo qué nivel de fraude cree que hay en los demás y en el suyo propio. Un 46% de empresarios piensa que su colectivo es el que más defrauda, un 40% señala a los profesionales liberales y un 39% apunta a los rentistas de capital inmobiliario.

La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Fiscales también preguntó sobre las causas del fraude. Los empresarios indicaron como razones la presión fiscal excesiva, la neceidad de trampear para salir adelante y, en tercer lugar, la falta de honradez y conciencia cívica.

Por su parte, el 55% de los profesionales liberales entrevistados devuelve la pelota a los empresarios y asegura que son éstos los más deshonestos fiscalmente. Asimismo, un 44% estima que hay fraude en su propio colectivo profesional.

En cuanto a las causas del fraude, los profesionales liberales señalan, en primer lugar, la falta de honradez y conciencia cívica, seguida de la presión fiscal excesiv y la necesidad de trampear para salir adelante.

En contraste con empresarios y profesionales liberales, sólo un 3,5% de asalariados dice que hay fraude fiscal habitual entre los trabajadores que viven de una nómina. El 60% de los asalariados están convencidos de que los empresarios defraudan y un 40% sostiene lo mismo de los profesionales liberales.

En todos estos casos, lo que el Barómetro computa no son los porcentajes de entrevistados que confiesan ser defraudadores, ya que esa cuestión no seplantea en el sondeo, sino el porcentaje de entrevistados que opinan que hay fraude en general o dentro de su propio colectivo.

Según los expertos del Instituto de Estudios Fiscales consultados por esta agencia, la realidad del fraude tributario sólo puede ser calculada comparando las rentas reales de cada colectivo con las declaradas, aunque el Barómetro sí proporciona el significativo dato de la opinión que cada sector tiene del grado de probidad tributaria del medio en que se desenvuelve.

MEJORA L GRADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

Según el Barómetro, la mayoría de los ciudadanos piensa que el grado de cumplimiento fiscal ha evolucionado positivamente, y aumenta de forma sostenida, a lo largo del último quinquenio, la proporción de quienes piensan que el fraude fiscal ha disminuido, algo que en 1999 sostenía un 67,2% de los encuestados, frente a un 21,4% que sostenía lo contrario y un 11,4% que no sabía o no contestaba.

"No obstante", señalan en sus conclusiones los expertos del Instituto de Etudios Fiscales, "existe la arraigada convicción de que la disminución de la conducta defraudadora se reparte de manera desigual entre los distintos grupos de contribuyentes".

Por esa razón, "más de la mitad de la población continúa manifestando, año tras año, su convencimiento de que existen ciertos colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública. Tales colectivos son, en opinión de los ciudadanos, los empresarios y los profesionales liberales principalmente, cuyas actividaes, al estar sometidas a un menor control por parte de la administración, ofrecen mayores oportunidades para la evasión".

Un 55,2% de los ciudadanos respalda la idea de que el fraude fiscal "no se puede justificar en ningún caso, es una cuestión de solidaridad y de principios", mientras que un 30,1% sostiene que "hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante", y un 6,6% opina que "el fraude es algo consustancial en los impuestos, todos tienen a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio".

En cuanto a qué tipos de fraude son más dañinos para la sociedad en su conjunto, un 53,1% señala a las actividades empresariales ocultas a Hacienda y la Seguridad Social (la "economía sumergida").

Sobre los efectos del fraude, un 32,4% destaca, sobre todo, que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, un 22,6% que crea injusticias, porque unos tienen que pagar lo que dejan de aportar otrs, un 17,35 que desmotiva a los que abonan sus impuestos, y un 15,6% que obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen.