Guerra indicó que su federación no tine conocimiento de que se esté produciendo este fraude. "Supongo que no lo harán como estanqueros, sino de forma encubierta a través de operadores, con lo que el bar, restaurante o cafetería tendría muchas dificultades para ver quién está detrás de cada máquina de tabaco", explicó.

En relación con los más de cien expedientes que hay abiertos a bares, restaurantes y cafeterías por no abastecerse de tabaco en uno de los tres estancos más próximos, como establece la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacs de 1998, dijo que no tiene confirmación de ello desde dentro de su federación, pero indicó que "no nos extraña", porque, a su juicio, esa norma es "excesivamente restrictiva".

Además, apuntó que, si se tiene en cuenta que en España hay más de 300.000 establecimientos entre restaurantes, bares y cafeterías, "no son muchos" cien expedientes. Guerra recordó que su federación ya transmitió al Gobierno cuando se aprobó la ley en 1998 que era "muy restrictiva" y que "se da de tortas con lo que es la liberad de mercado".

"Nos parece lógico que tengamos que proveernos de tabaco del estanco, pero que tenga que ser del que se indique o de los tres más cercanos es muy restrictivo, sobre todo cuando se dan muchas situaciones de pueblos donde entre unos y otros no se llevan bien", denunció Guerra. Agregó que su organización ha recibido quejas de sus asociados por esta restricción a la libertad de mercado.

Guerra aprovechó para volver a denunciar la "excesiva" tasa que, en su opinión, deben abonar los esablecimientos por la autorización para la venta de tabaco con recargo, que es de 30.000 pesetas cada tres años. Según sus estimaciones, en España hay unos 200.000 bares, restaurantes y cafeterías que venden tabaco, con lo que esa tasa supone unos ingresos para el Estado de unos 6.000 millones de pesetas cada tres años (2.000 millones al año).

El responsable de la patronal de bares, restaurantes y cafeterías indicó que si hay establecimientos que no pagan esta tasa es porque la desconocen, ya que antesde la entrada en vigor de la ley de 1998 se pedía la autorización correspondiente por cinco años y era gratuíto.