Si finalmente los magistrados del Alto Tribunal deciden asumir la investigación del "caso Gürtel" y quisieran imputar a Bárcenas por un delito de cohecho y otro contra la Hacienda Pública, tal y como recomendó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), deberán primero pedir autorización al Senado.

En concreto, el Tribunal Supremo deberá solicitar un suplicatorio al Senado. Según lo estipulado en el Reglamento de la Cámara Alta, su presidente, Javier Rojo, tendrá que dar traslado de la petición a la Comisión de Suplicatorios, la cual, tras escuchar a Bárcenas, deberá emitir dictamen en un plazo máximo de 30 días y elevarlo al Pleno.

Se da la circunstancia de que Bárcenas es uno de los 25 vocales que conforman esta comisión. Si finalmente su caso llega a este órgano, el senador por Cantabria deberá inhibirse, tal y como ha sucedido en casos anteriores, según explicaron a Servimedia fuentes del Senado.

El debate del dictamen de la Comisión de Suplicarios deberá ser incluido en el orden del día del primer pleno ordinario que se celebre, para que sean todos los senadores los que, en una votación secreta, decidan en última instancia si permiten o no que el Tribunal Supremo investigue a Bárcenas.

Tras este pleno, el presidente del Senado tendrá ocho días de plazos para dar traslado de la decisión al Tribunal Supremo. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se pronuncia sobre el mismo en el plazo de 60 días naturales.

Concedido el suplicatorio, la Cámara podrá acordar, por mayoría absoluta de sus miembros, la suspensión temporal en la condición de senador para Bárcenas.

El trámite que se deberá seguir el Congreso si el Tribunal Supremo quiere imputar al diputado Jesús Merino en el "caso Gürtel" es similar, aunque este parlamentario del PP no forma parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados, análoga a la Comisión de Suplicatorios del Senado.