"Marino Barbero Santos, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante el Consejo General del Poder Judicial, comparezco y digo:

Que de conformidad con el artículo 379.1.a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, renuncio a la carrera judicial.

Debo hacer constar que esta decisión larga y profundamente meditada tien como motivo fundamental mi profundo respeto a la función judicial y a la magistratura que la ejerce.

Como ya expuse a este Consejo en mi escrito de solicitud de amparo de 7 de julio de este año, las manifestaciones efectuadas a diversos medios de comunicación por el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura afectaban de modo directo y grave a mi independencia como juez.

Como dije entonces y reitero ahora, entiendo esta independencia no como patrimonio personal de este magistrado, sino cmo condición necesaria constitucionalmente exigible, (artículo 117.1 de la Constitución Española), para garantizar la recta e imparcial justicia que a la magistratura está encomendada.

Y a este propósito he de insistir, puesto que el acuerdo de ese Consejo de 12 de los corrientes omite ocuparse de ello, que no son las múltiples manifestaciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, atentatorias sin ninguna clase de dudas contra mi honor familiar y persnal, las que me han motivado a solicitar amparo al Consejo, o mejor dicho, amparo a la independencia de un juez, sino las que concretamente entrecomillé en mi citado escrito de 7 de julio de 1995.

Las siguientes: "Querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas".

Expresiones que ratificó el 17 de mayo con las siguientes frases: "La denuncia presentadacontra él por el juez del caso Filesa, Marino Barbero, no hace más que confirmar su tesis de que el juez utiliza los tribunales para influir en la campaña electoral".

A pesar de la gravedad extrema de estas imputaciones a un magistrado del Tribunal Supremo, instructor por designación de la Sala Segunda de una causa especial por supuesta financiación delictiva de un partido a cuya Ejecutiva pertenece el señor Rodríguez Ibarra, el Consejo, en el acuerdo de 12 de los corrientes, sin razonamiento o motivaión alguna, se limita a expresar: "No se aprecian a los fines previstos en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, condiciones objetivas de las que pueda desprenderse ataque o perturbación para el ejercicio de su función jurisdiccional en la presunta financiación delictiva del partido".

Ante esta resolución (para mí no sólo es sorprendente sino infundada), no me cabe otro recurso que presentar -con profunda amargura- la renuncia a la carrera judicial con el fin d que las sucesivas actuaciones que hayan de seguir en la causa especial 880/91 de la Sala Segunda del Tribunal Supremmo, no puedan ser consideradas alteradas, sea por los justiciables, sea por el resto de los ciudadanos, por las intervenciones constrictivas de la actuación judicial por parte del señor presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura a las que vengo refiriéndome.

Esta situación, para mí en absoluto deseada, me obliga a solicitar coon la máxima urgencia la rápida, la urgente, tramitacón de esta solicitud de renuncia, puesto que me considero privado de libertad para adoptar cualquier clase de resolución en la mencionada causa.

Por todo lo cual, al Consejo General del Poder Judicial suplico me conceda la renuncia a la carrera judicial con la máxima urgencia posible.

En Madrid, a 31 de julio de 1995Firmado: Marino Barbero. Santos".