BANKPYME. LA JUEZA IMPONE UNA FIANZA DE 50 MILLONES A LOS DIRECTIVOS POR FRAUDE FISCAL Y FALSIFICACION
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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Monserrat Comas, decretó hoy la libertad bajo fianza d 30 Y 20 millones de pesetas para el presidente de Bankpyme, Josep Jané, y el vicepresidente de la entidad, Francisco Busquets, respectivamente.
En un auto dictado por la juez tras tomar declaración a ambos directivos, la instructora encuentra "indicios racionales de criminalidad" contra los banqueros, por delitos de fraude fiscal y falsificación de documento público.
La jueza señala a Janés como máximo responsable de "determinadas prácticas bancarias, que han hecho posible que miles de personas ayan defraudado a Hacienda", a través de la adquisición de fondos de inversión multivalor y multidinero.
En el caso de Busquets, la jueza le acusa además de defraudar 240 milllones a Hacienda en fondos de inversión particulares, antes de alcanzar la vicepresidencia del banco, lo que considera "una agravante".
Comas señala en el escrito que el fraude a 12.000 clientes se cifra en "miles de millones de pesetas", desde enero de 1989, por lo que subraya que "la magnitud" de esta estafa al fisco "evidncia por sí misma la alarma social que crea".
La jueza reprocha asimismo a los directivos de Bankpyme haber ocultado la identidad de centenares de clientes a través de supercuentas de sus fondos de inversión y aprovecharse ahora de la falta de documentos para "eludir responsabilidades transpasándolas a sus propios clientes".
FRAUDE DE 50.000 MILLONES
El presidente del banco, que quedó en libertad tras depositar la fianza, negó a la salida del juzgado estas imputaciones. La juez tomará esta mism tarde declaración a otro vicepresidente de la entidad, José María Fabregat.
El "caso Bankpyme" fue descubierto el pasado mes de diciembre, a raíz de un registro judicial efectuado en la sede central de la entidad en Barcelona, tras una denuncia de Hacienda.
Los investigadores estiman que el fraude, que se realizaba mediante la utilización de nombres falsos o la concesión de testaferros, podría elevarse a 50.000 millones de pesetas.
Tras el inicio del proceso judicial, Hacienda ha ingresado ás de 6.000 millones de pesetas en declaraciones complementarias de clientes que pretenden así eludir una posible responsabilidad penal.
(SERVIMEDIA)
04 Feb 1994
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