Los expertos del Colegio de Economistas de Madrid, que han realizado un estudio sobre las cuentas de Banesto a instancias del ex vicepresidente de l entidad, Arturo Romaní, no aciertan a comprender la finalidad de la adquisición por parte del banco de diversas naves y locales que no tuvieron destino concreto.

Destacan asimismo la ausencia de referencias a estas irregularidades tanto en la auditoría interna como en las externas, que se practicaron en Banesto en las que no quedó reflejado el cálculo erroneo de los impuestos que se aplicaron a estas operaciones y que estaban en conocimiento del directivo de la entidad financiera, Fernando Garro.

Consideran asimismo que la financiación recibida por el Grupo Euman desde sociedades relacionadas con Mario Conde representó un tercio del total recibido de fuentes bancarias y que a 31 de diciembre de 1993 todas las cantidades habían sido reembolsadas por el grupo Euman.

En total este grupo recibió cerca de 2.700 millones de financiación bancaria de los cuales unos 900 millones procedían de Banesto, mientras que los dos tercios restantes provienen de bancos y cajas.

Los peritos no encuentran nigún tipo de irregularidad en la compra de Dorna-Promoción por la Corporación Industrial en 1990 por 20.000 millones de pesetas puesto que la valoración realizada de la empresa a finales de 1991 se fijó en 34.000 millones de pesetas.

A la vista de los datos sobre esta empresa, que era considerada líder en temas de marketing deportivo en España, los peritos consideran que la inversión no puede calificarse de "desacertada" aunque reconocen que supuso la "asunción de un riesgo".

En el caso de las invrsiones realizadas en "La Esquina del Bernabeu", los expertos economistas aseguran que la valoración de American Appraisal que sirvió de base para la toma de participación en este negocio se hizo de acuerdo con los métodos generalmente aceptados y sirvió para reducir "hasta donde los medios técnicos lo permiten, la dudosa racionalidad económica implícita en todo proyecto de inversión".

Según el informe presentado ante el juez Manuel García Castellón la inversión de Corporación se realizó a un coste inerior al precio máximo autorizado por la Comisión Ejecutiva y por debajo del valor estimado por American Apprisal y arropaba una intención clara de participar en un proyecto empresarial y no de enriquecimiento personal de la cúpula del banco.

Tampoco comparten la idea de "dudosa racionalidad económica" de la operación realizada por Banesto en Oil-Dor puesto que consideran que todos los participantes en la Joint Venture salieron beneficiados a excepción del Grupo García Pardo que, de no haber dado entrdaa los restantes quince accionistas, habría obtenido mayores plusvalías.