La Dirección General de Transacciones Exteriores ha suspendido cautelarmente la venta, alegando que "el diseño de las operaciones planteadas podría causar la pérdida de la posibilidad de gravar las plusvalías que se generasen". El Ministerio de Economía cifra en 2.700 millones de pesetas los impuestos por las plusvalías afloradas que Banesto ha eludido con la venta.

La decisión de Transacciones Exteriores significa la suspensión del régimen de liberalización de inversiones en el que la Corporción Banesto ha realizado la venta, con lo que la operación ahora está sujeta al régimen ordinario de control de cambios y su aprobación depende al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga.

Las fuentes de Banesto consultadas por esta agencia aseguraron que "la operación de venta sigue todo su curso. Los acuerdos con AGF se están cumpliendo y los que quedan pendientes se cumplirán. Lo único que hay que esperar es la decisión del ministro, al que le ha pasado la pelota Transacciones Exteriores". "Hay que esperar a que el ministro decida, pero la operación sigue su curso. Que haya que pagar más o menos impuestos es aparte", añadieron las mismas fuentes.

Insistieron en que "la operación de venta de La Unión y el Fénix no se paralizará, ya que en ningún momento se ha dicho que sea ilegal. Otra cosa es el 'modus operandi'. Eso lo dirá el ministro".

En cuanto a la posibilidad de acudir a los tribunales para solucionar el conflicto, los responsables de Banesto señalaron que "por el moment no hay prevista ninguna actuación de tipo legal. Habrá que esperar a lo que diga el ministro y si decidiese no aprobar la venta, la Corporación tomaría las decisiones pertinentes".