La autoridad monetaria, no obstante, ha dejado claro que no se trata de ninguna anulación, sino de la aplicación de la prejudicialidad penal, por la que los procedimientos penales tienen preferencia sobre la vía civil, y ésta sobre la administrativa.

García Castelln ha encausado a nueve consejeros del Banco de España, y encarcelado preventivamente a dos (el propio Conde y Arturo Romaní).

En la vía civil está abierta la Acción Social de Responsabilidad, presentada por el propio banco y los asociaciones de accionistas de la entidad, y que se encuentra a la espera de superar el escollo juridico que supone la nacionalidad mejicana de Moisés Cossío, uno de los demandados.

Por su parte, en la vertiente administrativa, el Banco de España abrió expediente a todo e consejo de Conde y a los cuatro directores generales de la entidad.

Por otra parte, Banesto se ratifica en su intención, anunciada por el presidente, Alfredo Sáenz, en la Junta de Accionistas del 15 de febrero último, de personarse, una vez el juez García Castellón levante el secreto del Sumario, como parte en el proceso.

Sáenz afirmó en su día que el objeto de esta personación en el Sumario era la de solicitar el resarcimiento del quebranto patrimonial ocasionado por los anteriores administradoes, tanto al banco como a los accionistas.