Las defensas de Conde y Romaní solicitaron al juez Manuel García-Castellón, instructor del 'caso Banesto', que redujese la cuantía de las fianzas acordadas en el mes de enero del pasado año por la sección segunda de la Sala de lo Penal para decretar su libertad.

Sin embargo, el fiscal del caso se opone a dicha rebaja, por estimar que la instrucción realizada sobre el 'caso Banesto' confirma los indicios de criminalidad xistentes contra el presidente y vicepresidente de Banesto.

El pasado 30 de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la libertad bajo fianza de Conde y Romaní, al entender que por si solos, la gravedad de los hechos imputados a los ex directivos de Banesto y la alarma social generada por este caso "son insuficientes para restringir un dereco fundamental como el de la libertad".

Sin embargo, la sala estimó que no podía acordar la libertad incondicional de Conde y Romaní, ya que,su juicio, no es "razonable desechar" el riesgo de fuga, por lo que les impuso sendas fianzas, que les permitieron salir de la cárcel, en donde habían ingresado por orden del juez García-Castellón el 23 de diciembre de 1994.