De acuerdo con estas fuentes, el fiscal ha hecho esta consideración en un informe remitido a la titular del juzgado central número 3 de Madrid, Teresa Palacios, en el que apoya, la competencia de la Audiencia Nacional para tramitar la querella.

Sin embargo, el abogado de UGT, Manuel Murillo, anunció a Servimedia que presentará mañana un escrito al juzgado en el que pedirá que la querella sea tramitada por la magistrada Palacios, que se hará cargo de 'caso Banesto' al cesar el juez Manuel García-Castellón como juez de apoyo del juzgado número 3, pero separadamente de esa causa con el fin de no retrasar su tramitación.

Murillo añadió que, asímismo, también pedirá a la magistrada que se haga cargo de dicha querella la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente también investiga el 'caso Banesto'.

UGT interpuso la querella contra la auditora en julio de 1995 ante el juez García-Castellón, instructor del 'caso Banesto', con el fin de que la acumulse a dicha causa. Sin embargo, el magistrado, de acuerdo con el fiscal del caso contra Mario Conde, Florentino Ortí, la desestimó al entender que la actuación de la auditora no tenía relevancia penal.

Tras varios recursos, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en enero del pasado año que la querella fuese investigada ya que, a su juicio, pudieran haber existido "posibles negligencias en la ejecución de la auditoría, que eventualmente podrían llegar a tener trascendncia penal".

El decanato de los juzgados de la Audiencia Nacional decidió poco después remitirla al juez García-Castellón al entender que éste tenía antecedentes sobre dicho asunto, pero el magistrado la devolvió para que entrase en el turno de reparto, recayendo finalmente en el juzgado número 3, cuyo titular era entonces Miguel Moreiras.

Este aceptó en abril del pasado año su competencia para tramitar la causa, medida que ratificó en una resolución en octubre. Sin embargo, García-Castellón acoró en noviembre, cuando tuvo que sustituir a Moreiras tras ser éste suspendido por el poder judicial, remitir la querella del sindicato a los juzgados de Madrid al considerar que no era competencia de la Audiencia Nacional, tocándole por reparto al juzgado de instrucción número 33.

Finalmente, este juzgado decidió el pasado 30 de diciembre devolver el escrito de la central a la Audiencia Nacional al estimar que era competencia de este tribunal, dado que la cuantía de la cifra presuntamente defraudada "í puede representar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia, por razón de la implantación a nivel nacional de las sociedades a las que las auditorías se refieren".

En su querella, UGT denunció que la presunta ocultación de datos por parte de la auditora provocó que en la ampliación de capital llevada a cabo por Banesto en el año 1993 por 94.909 millones d pesetas, de los que los trabajadores del banco suscribieron pólizas de préstamo para la adquisición de acciones por importe de 34.398, se valorara cada acción a 1.900 pesetas cuando su valor real era de 400 pesetas, lo que les ocasionó un grave perjuicio económico.