La querella, a la que tuvo acceso Servimedia, fue admitida el pasado miércoles a trámite por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que emitió un auto en el que considera "sorprendente que en la auditoría practicada a Banesto no se detectenlas irregularidades que luego puso de relive la labor inspectora del Banco de España".

La Sala de lo Penal considera que, "sin prejuzgar la conducta de los auditores querellados, si parece necesaria una investigación que clare si hubo un falseamiento doloso o culposo de la verdadera situación económica de Banesto, o si realmente los auditores incurrieron en error invencible".

En ella el abogado de los accionistas, José Luis Sanz, pide al Tribunal que tome declaración a Antonio Tejerina Castellanos (Price Waterhouse) y a Manuel Gil Girón (Arthur Andersen), en calidad de imputados, por ser los responsables de las auditorías del banco y la Coporación Industrial entre los años 1990 y 1993, en que se generó el agujero patrmonial de Banesto que no fue detectado en sus informes, según el abogado.

Por su parte, UGT ampliará su querella contra la auditora Anthur Andersen a principios de la próxima semana. Con toda probabilidad, se acumulará a la presentada por los accionistas de Banesto.

UGT, a través de su abogado Manuel Murillo, pidió que esta querella entrara en el turno de reparto de la Audiencia Nacional. El Juzgado Decano lo envió al juez Manuel García Castellón, por entender que él conocía los antecedentes del aso. Sin embargo, Garcia Castellón lo ha devuelto solicitando que el asunto entre en turno de reparto.

A lo largo de los 40 folios que ocupa la querella presentada por los accionistas de Banesto, se hace una prolija descripción de todas las irregularidades detectadas en las cuentas del banco y la Corporación, y que nunca fueron puestas de relieve por las auditoras.

Asimismo, quedan de relieve las contradicciones entre las auditorías privadas y los informes del Banco de España que venían denunciano agujeros de miles de millones de pesetas provocados por déficit de saneamientos, de recursos propios y en volumen de beneficios por venta de valores que no son admitidos por la normativa vigente.

Tras la intervención de Banesto por el Banco de España, en diciembre de 1993, los nuevos gestores elaboran un informe que reflejaba la situación del Banco y es entonces cuando los auditores emiten un nuevo informe coincidente con el del Banco Central.

"Sorprende", asegura la querella, "que los mismos aditores, ante dos informes distintos, que reflejan estados financieros dispares, no tengan ningún empacho en afirmar que ambos reflejan una imagen fiel del patrimonio del Banco".

La querella presentada por la Asociación de Accionistas de Banesto incluye la descripción de 18 aspectos que omitieron o enmascararon los auditores Price Waterhouse, al analizar las cuentas de Banesto, y Arthur Andersen, en lo referido a la Corporación Industrial.

La querella elaborada por el abogado de los accionistas, osé Luis Sanz Arribas considera que la auditora Price Waterhouse no alertó que, desde 1990 a 1993, el banco superó con creces el límite de concentración de riesgos que establece la ley en el 40%. De hecho los riesgos ascendieron a un 49,60% en 1990, un 52,09% en 1991, un 45,31% en 1992 y a un 54,34% en 1993.

La defensa de los accionistas considera que entre 1991 y 1992 Banesto "presentó una contabilidad con unos beneficios superiores a los generados, llevando a cabo todo tipo de operaciones", muchas d las cuales son consideradas en la querella como "peculiares".

Además, echan por tierra la idea de los auditores de que las operaciones crediticias realizadas en 1993 fueran responsables del quebrando económico de la firma, puesto que su porcentaje fue el menor desde cuatro años antes.

OTRAS IRREGULARIDADES

Otras irregularidades no detectadas por las auditorías son la incorporación de beneficios de operaciones de venta de empresas a la cuenta de resultados antes de que se cerrasen, riesgos elevdos en la concesión de créditos y otras operaciones irregulares son referidas en dicha querella.

Se explica asimismo que en abril de 1993 el banco y la Corporación suscriben un acuerdo por el que Banesto se compromete a compensar a la Corporación en el año 2005, la diferencia entre el importe reflejado en los libros de esta última y el valor contable auditado de Asturiana de Zinc, que en ese momento se encontraba en quiebra técnica.

"Toda la contingencia anteriormente descrita", asegura la querela, "fue curiosamente contabilizada por Banesto en la increible cantidad de una peseta" (...) "y ello con la plena anuencia, habrá que entender connivencia, de los auditores".

El texto presentado al tribunal alude a la venta de Acerinox S.A. a Mercurio S.A., cuyo importe se contabilizó como beneficio, a pesar de ser una operación realizada entre empresas de la Corporación.

También se refiere a la aseguradora La Unión y el Fenix, cuya auditoría reveló beneficios de 408 millones de pesetas cuando laempresa registraba pérdidas de 11.975 millones.

En la querella se menciona que la Corporación vendió cuatro empresas inmobiliarias de su propiedad: Altorreal S.A., Montigala S.A., Flavia S.A. y parque Coimbra S.A., asumiendo previamente las deudas que tenían dichas empresas con el banco y se permitió al grupo inmobiliario actitudes de morosidad continuada.

Asimismo, se menciona la intervención del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis Carlos Croissier, de abril de 1994, n que afirmó que los administradores podrán manipular la contabilidad de las empresas "siempre que existan unos auditores que no sean capaces de ponerlo de manifiesto".