En declaraciones desde Libreville, la capital de Gabón, a la televisión autonómica valenciana Canal-9, Bandrés calificó de "absolutamente injusta" la actitud de las autoridades ecuatoguineanas y las irregularidades cometidas en el proceso contra Vilarrasa.

El abogado vasco lamentó la situación e indefensión en que se encuentra su patrocinado, ya que todavía no le han comunicado el auto de procesamiento que se ha dictado contra él por intentar introducir en el país material militar, concretamente cuatro camiones y uniformes desechados por el ejército holandés.

Bandrés relató que cuando llegó al aeropuerto de Bata acompañado de Margarita Vilarrasa, hermana del empresario detenido, les aguardaba a pie de avión la policía, que procedió a retirarles el pasaporte.

A pesar de que les estaban sperando el embajador de España en Guinea y el cónsul de Bata, la policía guineana no les permitió la entrada en el país, y ni siquiera trasladarse al consulado para esperar allí a que se resolvieran los trámites para los visados.

Tras permanecer tres horas en un barracón del aeropuerto de Bata, sin poder hablar más que con un oficial de la policía guineana, Bandrés y Margarita Vilarrasa fueron obligados a tomar un avión con destino a Libreville, desde donde esta noche emprenderán viaje de regreso a Epaña.

El Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó ayer esta actitud de las autoridades ecuatoguineanas, que calificó de "inamistosa".

Bandrés, que se mostró más convencido que nunca de la inocencia de Vilarrasa, dejó en poder del cónsul general en Bata dos escritos dirigidos al juez del caso y a las autoridades guineanas.

En el primero solicita la libertad provisional de Salvador Vilarrasa, propietario de una explotación maderera en la isla de Bioko, así como la paralización del proceso hast que puedan hacerse cargo de la defensa con todas las garantías.

En el segundo escrito, Bandrés expresa su queja por el hecho de que le haya sido impedida la entrada al país a un miembro del Parlamento Europeo, a pesar de que Guinea Ecuatorial tiene firmados con la CE convenios relativos a la libre circulación de personas.