Al Partido Socialista, que prefirió ser deudor de un sólo banco -como ya hizo en las elecciones autonómicas y mnicipales de 1991-, le prestó 1.250 millones de pesetas.

Al Partido Popular, 450 millones; a Izquierda Unida, 500 millones; al Partido Aragonés Regionalista, 30 millones; al Centro Democrático y Social, 15 millones; al Partido Andalucista y al Partido Andaluz de Progreso, 10 millones a cada uno.

Según la publicación, los resultados electorales y las consiguientes subvenciones del Estado "aseguran el cobro a su vencimiento de los créditos a concedidos al PSOE, PP e IU, que suman el 98,5 por cientodel total prestado en esta ocasión".

Los créditos concedidos a los restantes tres partidos políticos "tienen la garantía de haber sido inscritos en primera inscripción o de que los partidos afectaron a ellos las subvenciones que reciben de parlamentos autonómicos o del Europeo".

Un real decreto-ley promulgado en 1997 encomendó a las entidades de crédito anticipar a los partidos políticos el dinero que éstos reciben luego del Estado en función de los resultados electorales.