La sentencia, que estima favorablemente la principal reclamación efectuada contra el Banco Popular tras el "affaire" descubierto después de la desaparición del directivo, señala que las irregularidades cometidas por éste no han de afectar "a aquellos clientes que concertaron directamente con el banco a través de él".

La familia Hoya Hedilla, propietaria de la conservera, inició acciones legales contra el Banco Popular al negarse éste al pago de las catidades depositadas en la entidad (598,8 millones de pesetas). Según su denuncia, hasta el momento de la desaparición del director de la oficina número uno de Santander, todas las operaciones realizadas en la entidad se habían realizado sin que se cuestionara su ortodoxia.

Asimismo, la conservera argumentó que todos sus depósitos reflejados en las libretas tenía soporte documental, aportando cada cartilla con la nota explicativa de los movimientos. El Popular alegó que las libretas eran falsas por no xistir contabilidad sobre ellas.

La sentencia señala que "las libretas presentadas por la familia Hoya no pueden tacharse de falsas" y deben ser consideradas como "un título legítimo y justificativo" del crédito frente al banco.