Las mismas fuentes expresaron su estupor ante el procedimiento seguido por Marino Barbero para recabar la información, ya que se presentó en la sede del Banco de España con una orden de registro y sin previo aviso, pero recalcaron que el juez "se llevó todo lo que pidió".

Además, el Banco de España no piensa presentar una queja oficial ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque considera innecesario el proceimiento seguido por el juez, puesto que es la primera vez en la historia de la entidad que se ve sometida a un registro judicial.

La solicitud de información planteada por Barbero obligó a romper el secreto bancario de las cuentas investigadas, paso que el Banco de España tiene que dar cuando la justicia así lo solicita, según las fuentes consultadas.

La autoridad monetaria recalcó que "un juez puede romper el secreto bancario siempre que quiera" en relación con movimientos de cuentas y otras actvidades privadas de clientes de bancos, y el Banco de España está obligado a atender sus requerimientos.

A este respecto, un portavoz de la autoridad monetaria subrayó que la diferencia entre este caso y la solicitud de información planteada por el Grupo Popular del Congreso en relación con el "caso Ibercorp" radica en que la del PP afectaba a las facultades supervisoras del Banco de España.

El juez Marino Barbero investiga actualmente setenta cuentas bancarias de altos cargos y empresas relaciondas con el PSOE para tratar de esclarecer las supuestas implicaciones de las empresas Filesa, Malesa y Time Export en la financiación de dicho partido.

Al parecer, también ha recabado facturas y otros medios de pago a un total de 88 sociedades que mantenían relaciones con las empresas del diputado catalán Carlos Navarro, uno de los presuntos implicados en la financiación irregular del PSOE.