Así lo avanzó Hernández de Cos durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, a donde acudió a la comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para dar cuenta del informe anual del organismo de 2023. Previsiblemente será la última en el Parlamento como gobernador, dado que su mandato finaliza en junio.

Hernández de Cos explicó que el crecimiento del primer trimestre “ha sorprendido al alza” al ser del 0,7%, cifra que es 0,3 puntos superior a la que el Banco de España había tenido en cuenta para sus últimas proyecciones, lo que muestra que “la economía se ha estabilizado en un crecimiento a ritmos elevados y por encima de los del área del euro”. A este dato también se sumarían los publicados ayer, lunes, sobre el empleo que mostraron un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social de 199.538 ocupados en abril respecto a marzo, hasta alcanzar un récord de 21,1 millones de trabajadores, al tiempo que el paro bajó en 60.503 personas.

El gobernador del Banco de España recordó que la proyección del organismo para el PIB este año es del 1,9%, después de mejorarla en tres décimas el pasado mes de marzo, y a tenor de los nuevos datos conocidos avanzó que “muy probablemente se revise al alza” de nuevo en la actualización de las proyecciones de junio.

Hernández de Cos subrayó que la previsión del organismo para este año del 1,9% de avance del PIB, del 1,9% también en 2025 y el 1,7% en 2026 es un crecimiento “relativamente robusto” y “por encima del crecimiento potencial” que calcula el Banco de España.

No obstante, llamó la atención sobre una serie de riesgos como el recrudecimiento de los conflictos internacionales, la “persistencia” de un déficit público estructural y una deuda pública “elevada” que es “la principal vulnerabilidad de la economía española, el crecimiento de los costes laborales y no laborales como las cotizaciones sociales por encima de la media de la zona euro y el aumento de la incertidumbre sobre la política económica que estaría afectando negativamente a las empresas.

También destacó que “la falta de consensos en un contexto de elevada fragmentación política dificultaría la implementación de reformas” y del plan de consolidación fiscal que debe llevarse a cabo con las nuevas reglas fiscales. El gobernador destacó en este punto que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante este año “evidencia claramente este riesgo y confirma que la incertidumbre que muestran las encuestas es real”.

EMPLEO, DÉFICIT Y DEUDA

Hernández de Cos hizo referencia a la elevada tasa de paro para destacar que es uno de los grandes retos a afrontar y proponer medidas como compatibilizar “al menos temporalmente” el cobro de prestaciones con un empleo, que la negociación colectiva permita una adaptación de las condiciones laborales a las circunstancias de las empresas y “seguir avanzando en la definición de las causas objetivas de despido que se utilizan de manera muy escasa” para reducir la “incertidumbre” en torno a los despidos.

Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), estimó que este año afectará a casi el 13% de los trabajadores, lo que podría tener “potenciales efectos adversos” sobre la empleabilidad de algunos colectivos. Además, dijo que ya se ha alcanzado el 60% del salario bruto mediano.

En cuanto a las cuentas públicas, el gobernador puso de relieve que desde 2019, el déficit público estructural, el que no se reduce por el crecimiento económico, ha pasado del 3,1% al 3,7%, con lo que urgió a implementar un plan de consolidación presupuestario con un cuadro macroeconómico “prudente” y que detalle las medidas de ingresos y gastos.

Del lado de los gastos, planteó aumentar su eficiencia y en los ingresos propuso una revisión integral del sistema para incrementar el peso relativo de los impuestos relacionados con el consumo y el medioambiente.

También avisó de que una eventual condonación de deuda pública a comunidades autónomas “podría tener efectos negativos sobre los incentivos para un comportamiento disciplinado”.

VIVIENDA

Respecto a la situación de la vivienda, el gobernador advirtió de que “se aprecian algunas bolsas de vulnerabilidad en determinados colectivos” relacionadas con las dificultades de acceso al empleo y a la vivienda.

Mientras, señaló que, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, no se detectan en estos momentos problemas del mercado de la vivienda. Pero sí opinó que las medidas de corto plazo para solventar las dificultades de acceso “no van a ser suficientes” y se refirió específicamente a los controles de los precios del alquiler aprobados por el Gobierno y aplicados únicamente en Cataluña para avisar de que “podrían acabar generando efectos indeseados” y aumentar aún más las dificultades. “Sucede lo mismo con los incentivos fiscales y las transferencias de apoyo a la demanda”, dijo y explicó que si se incentiva la demanda y la oferta se muestra rígida, los precios aumentarán y “van a ser los propietarios los que van a verse beneficiados de esas deducciones fiscales”.

Así, consideró “deseable” que las reformas contemplaran un horizonte temporal amplio e involucraran a las comunidades autónomas para “poner el foco en el estímulo de la oferta de vivienda”. Propuso promover la profesionalización del mercado del alquiler, “reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria” o impulsar la rehabilitación. Puntualizó que “todo lo que está sucediendo en el mercado del alquiler no depende solo del mercado de la vivienda”, sino también de mejoras educativas o del mercado laboral.