El organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez incide, en su Boletín Económico de abril, en que las pequeñas empresas (definidas como aquellas con menos de diez empleados) contribuyen de forma más que proporcional (en relación con su reducido peso sobre el empleo total de la economía) a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, constata que el peso de las empresas pequeñas "parece estar aumentando en algunos sectores", como en el de los servicios y el manufacturero.

A pesar de que España parte de una estructura productiva caracterizada por un tamaño medio de las empresas, "este tamaño ha disminuido aún más durante la última fase expansiva del ciclo".

De estos resultados pueden desprenderse algunas implicaciones de política económica, en la medida en que existe una cierta evidencia de que parte de la regulación existente podría afectar de forma asimétrica y de forma más negativa a las empresas de reducida dimensión.

En concreto, por ejemplo, los costes administrativos por empleado son significativamente más elevados en las empresas pequeñas que en las grandes, dada la naturaleza fija o independiente del tamaño de este tipo de costes.

Por otro lado, el marco de negociación colectiva en España se caracteriza porque, con carácter general, sólo las de un tamaño medio elevado (300 empleados) tienen un convenio colectivo propio, mientras que las empresas con un tamaño menor deben cumplir con lo firmado en los convenios sectoriales, a nivel provincial o nacional, que pueden no tener en cuenta las características y la situación específica de las empresas.

Finalmente, el acceso a la financiación "puede resultar en ocasiones también más complicado para las empresas de reducida dimensión", añade el banco de España.

A su juicio, estos y otros aspectos son, de hecho, los que han justificado la articulación de medidas de política económica en apoyo a la creación y supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en muchos países, y también en España, en los últimos años.