Así lo explicó hoy el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, durante su comparacencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde asistió para evaluar el alcance del proyecto de cuentas públicas remitido por el Gobierno a la Cámara Baja para su discusión parlamentaria.

A este respecto, afirmó que la reforma estatutaria "supone la fragmentación del sistema financiero español", al mismo tiempo que genera "conflictos de interés" entre el Estado y la comunidad autónoma catalana en lo referente a la supervisión de las cajas de ahorros, lo que "puede llegar a comprometer la eficacia de la supervisión de los mercados financieros".

"La redacción actual de la propuesta comporta alteraciones en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y en los sistemas de financiación de estas últimas que pueden afectar, no sólo a la cohesión interna, sino también a la capacidad de las políticas públicas para mantener la integración del mercado y la eficiencia en el funcionamiento de la economía", señaló Caruana.

Además, recordó que "se trata de decisiones de gran alcance que pueden llegar a incidir sobre la posición a medio y largo plazo de la economía española en un escenario mundial caracterizado por una mayor competencia y una apertura e integración cada vez mayores".

"Cambios institucionales de esta naturaleza pueden tener consecuencias económicas importantes y duraderas, debilitar la eficiencia y capacidad de crecer de la economía y afectar al bienestar del conjunto de los españoles", apostilló el gobernador del Banco de España.

REGULACION DE LAS CAJAS

Por lo que se refiere a la repercusión que tendrá la propuesta de Estatuto, si es aprobado en su redacción actual, Caruana mostró su "preocupación" por la modificación del sistema regulatorio de las entidades de crédito en lo referente a las cajas de ahorros.

A este respecto, indicó que la propuesta aprobada por el Parlamento catalán da más competencias a los poderes públicos regionales en materia financiera, cuando al mismo tiempo sus representantes se encuentran en los consejos de administración de las cajas de ahorros, generándose así "conflictos de intereses" al ser la misma figura regulador y regulado.

Por ello, el gobernador argumentó que "esta disgregación podría llegar a comprometer la eficacia de la supervisión financiera y dificultaría avanzar en la dirección de convergencia y coordinación que demandan las autoridades europeas y los foros internacionales de estabilidad financiera".

Al mismo tiempo, explicó, la reforma "podría interpretarse como contraria a la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional", especialmente en lo referente a la solvencia de las entidades de crédito.