Así se recoge en la ‘Memoria de reclamaciones’ del Banco de España correspondiente a 2022, recogida por Servimedia, en la que este organismo señala que el año pasado comenzaron a tramitarse dichas reclamaciones sobre el rol de los guardadores de hecho en el marco de la Ley 8/2021.

De esta manera, se refleja “la primera aproximación y colaboración” entre el Banco de España con la Fiscalía General del Estado y las entidades del sector de la discapacidad.

La ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Supuso una reforma de la legislación civil y procesal española en materia de discapacidad, para adecuarse a la Convención de Nueva York, ratificada por España en 2008, y que determina que los Estados deben adoptar medidas para dar el apoyo necesario a las personas con discapacidad para garantizar su plena igualdad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Así, la principal novedad de la ley española es la desaparición de la declaración judicial de incapacidad para sustituirla por un sistema basado en la autonomía de la persona con discapacidad en el que destaca la figura del guardador de hecho. En los casos en que se haga valer el apoyo de esta persona, que generalmente es un familiar, las entidades deben tener en cuenta que este deberá poder realizar las operaciones bancarias.

La memoria solo da cuenta de que empezaron a tramitarse reclamaciones al respecto, sin concretar. También recuerda que la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), junto con la Fiscalía General del Estado, con el acompañamiento, a modo de observador, del Banco de España, firmaron un protocolo este año de cara a facilitar a las entidades el proceso para implementar las nuevas medidas de apoyo.

Se prevé que la figura del guardador de hecho sea la más utilizada en el futuro. No es una medida judicial ni voluntaria, sino un medio de apoyo informal que no necesita nombramiento para realizar las operaciones cotidianas, según explica el Banco de España.

Por último, cabe destacar que el protocolo firmado este año prevé reuniones de un grupo de trabajo al menos dos veces al año.