Uno de los autores del estudio del Banco de España "Inmigración: desarrollo reciente y consecuencias económicas", explicó a Servimedia que este estudio no trata de fijar un número de inmigrantes que se regularizarán, dado que se trata de un dato "muy difícil", sino que marca un "tope" sobre las posibles normalizaciones de situación.

De hecho, el informe afirma que los "potenciales beneficiarios" de este nuevo proceso se sitúan ligeramente por encima de esos 500.000, mientras que los procesos anteriores acabaron con una regularización total de 460.000 inmigrantes (160.000 en 2000 y otros 300.000 en el último proceso).

"Pudiera ser que el actual proceso de regularización tuviera una incidencia sólo ligeramente superior a las regularizaciones previas recientes", dice textualmente el organismo de Jaime Caruana.

1.400.000 IRREGULARES

Para llegar a estos 500.000 inmigrantes con capacidad para poder ser regularizados, lo que depende de sus empresarios, según destaca el Banco, el estudio parte de la base de que, actualmente, hay en España 1,4 millones de inmigrantes irregulares.

A partir de esta cifra, el estudio va descontando aquéllos que no cumplen los requisitos de la regularización, como tener entre 16 y 64 años, y disponer de una oferta de trabajo real para un periodo mínimo de seis meses.

Los datos demuestran que sólo el 60% de los inmigrantes irregulares están ocupados, lo que, afinando aún más las cifras, situaría el máximo de posibles regularizables en algo más de 500.000 inmigrantes.

PENSIONES

Por otra parte, el Banco de España valora la aportación de la inmigración, en su concepto global, a la economía y los sistemas de prestaciones sociales.

Así, rompe con el mito de que los inmigrantes solucionarán el problema del envejecimiento de la población y garantizarán el futuro del sistema de pensiones.

"No cabe esperar que la inmigración contribuya significativamente a resolver los problemas de financiación de las pensiones que se vislumbran en el futuro", dice rotundo el informe.

Además, pone de manifiesto la falta de estudios sobre el impacto de la inmigración en la marcha de la economía española, dado que se trata de un fenómeno muy reciente.

No obstante, reconoce que el 60% del crecimiento de la población española entre 1991 y 2004 se debe a la población extranjera residente en España y cabe esperar que esta inmigración "incida en el crecimiento del PIB".