Así lo dijo ante la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social (CES) el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, quien incluyó en este cálculo la bonificación a los carburantes que decayó el pasado 31 de diciembre.

Según Gavilán, si se hubiesen sustituido la bonificación a los carburantes y las rebajas del IVA sobre el precio de la luz y de los alimentos por una transferencia “puntual” de renta de 860 euros para el 30% de los hogares con menor renta, se habría mantenido el nivel de cobertura sobre estas familias con el 50% del presupuesto destinado finalmente.

Por ello, el Banco de España no dudó en calificar estas tres medidas fiscales de “generalizadas”, y subrayó que el desembolso destinado a las rentas más altas es mayor en volumen que el dedicado a los hogares más vulnerables.

En concreto, prevé que el Estado incurrirá en un gasto de “unos” 2.100 millones de euros para financiar las medidas de las que se beneficiarán el 30% de los hogares con menor nivel de renta, mientras que, en el caso del 30% de las familias con más poder adquisitivo, el importe ascenderá hasta los 3.700 millones.

No obstante, Gavilán reconoció que las rebajas del IVA han beneficiado más a los hogares de renta baja en términos relativos a su gasto total, aunque insistió en que la bonificación a los carburantes se centró sobre todo en los hogares de rentas altas.

Sea como sea, el Banco de España estima que las medidas adoptadas por el Gobierno hasta diciembre de 2022 redujeron el índice de precios al consumo (IPC) en 2,5 puntos porcentuales. Por tanto, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos estima que la inflación hubiera cerrado el año en un 8,2% interanual sin los paquetes anticrisis aprobados.