Se trata de la primera reunión de la mesa tras acordar el pasado viernes 18 de noviembre con CCOO, UGT y FINE que van a convocar la comisión negociadora del convenio de banca “con el propósito de tratar de alcanzar acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación” sobre los trabajadores.

Entonces, patronal y sindicatos coincidieron en un comunicado conjunto en la necesidad de esta convocatoria con el convenio vigente -su aplicación finaliza en 2023- “por las excepcionales circunstancias que concurren y que afectan a las plantillas del sector”.

El convenio colectivo de banca alcanza a entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter, como socias de la AEB, firmante de este convenio.

El sindicato FINE, el tercero por representación, considera la convocatoria un hecho “histórico y extraordinario, ya que nunca había ocurrido antes, que abre la puerta a la recuperación salarial”.

Este sindicato denunció en un comunicado que la inflación acumulada desde enero de 2021 hasta octubre de 2022 es del 12,6% y unida al incremento de los tipos de interés “ha devaluado de forma considerable nuestros salarios”.

Los tres sindicatos vienen reclamando la recuperación salarial de 2021, incluir la cláusula de revisión salarial para 2022 y 2023, revisar los gastos (dietas, kilometraje y teletrabajo), el rechazo a la absorción de ingresos extra en el salario y la revisión de las condiciones de los préstamos de empleado como consecuencia de la subida de tipos.

Las centrales llegaron a movilizarse para pedir una mejora salarial coincidiendo con la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año a finales de octubre.

Este primer encuentro llega después de que el sector bancario haya tenido protagonismo por la aprobación en el Congreso de los Diputados de los impuestos temporales para banca, energéticas y grandes fortunas, y por el acuerdo con el Gobierno para un paquete de medidas para hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo.

Asimismo, el pasado martes se dio luz verde en el Consejo de Ministros a la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero en segunda vuelta, organismo de resolución de reclamaciones que integrará los actuales servicios del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y la banca lo financiará con una tasa de 250 euros por reclamación admitida.