El Gobierno de España tenía de plazo hasta el 25 de abril de 2022 para implementar el dictamen condenatorio del Comité en el caso Garzón contra España, emitido en agosto de 2021.

El dictamen del Comité, aprobado por unanimidad, establecía que España había incurrido en múltiples violaciones de los derechos de Baltasar Garzón y que había sido inhabilitado, procesado y condenado como resultado de procesos “arbitrarios”.

El informe indicaba que procesar penalmente a un juez por su interpretación de la ley en los casos ‘Gürtel’ y ‘Franquismo’ fue “arbitrario”. Advertía también de que los procesos penales carecían de independencia e imparcialidad judicial por parte de los tribunales españoles y que no se respetó al derecho a una segunda instancia penal, lo que supone una violación del derecho a un juicio justo.

Finalmente, el delito de prevaricación en el Código Penal español, por el que fue condenado en el 'caso Gürte'l, carece de la previsibilidad necesaria en el derecho penal.

En consecuencia, el Comité decidió que España debería garantizar la “reparación integral” de Garzón. Esa reparación debería, según el exmagistrado, incluir la eliminación de sus antecedentes penales y su restitución al puesto de juez; la emisión de una disculpa pública por parte del Estado y la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado; el pago de una indemnización por los daños materiales y morales sufridos, y la adopción de medidas de no repetición, con la correspondiente modificación de la ley española.

El Gobierno español tenía un plazo de seis meses (hasta febrero de 2022) para cumplir e informar al Comité sobre las medidas adoptadas, pero solicitó una extensión hasta abril. Hace meses, la abogada Helen Duffy, escribió en representación de Baltasar Garzón al Ejecutivo español, mostrando su disposición de discutir formas constructivas de avanzar.

Sin embargo, dice el escrito, “observamos con gran preocupación que el Gobierno no ha mostrado ningún esfuerzo por abordar las graves cuestiones que sustentan este caso, ni por ofrecer ninguna forma de reparación por las violaciones identificadas por el Comité”.

Por eso, Garzón ha procedido a presentar el escrito ante el Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité y a otras instancias internacionales, pidiéndoles tomar medidas que garanticen la implementación del dictamen por parte de España.