Ambos grupos reformularon su propuesta a petición de la Mesa del Congreso, que negó la admisión a trámite de una iniciativa anterior en la que proponían esta misma idea.

Los dos grupos esgrimen en su exposición de motivos las informaciones publicadas en los últimos meses que apuntan a "una trama de captación fraudulenta de votos de espaoles residentes en el extranjero" en estos comicios.

Sin nombrar al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, los grupos recuerdan que dichas informaciones sugieren la implicación de la Administración Pública en esa supuesta trama y su financiación a cargo de presupuestos públicos.

Estas informaciones son, a su juicio, motivos suficientes para que el Parlamento investigue lo sucedido, sin perjuicio de las decisiones que puedan tomar, en su caso, los tribunales.

La comisión de investigación qu proponen crear estaría compuesta por tres representantes de los grupos con más de cien diputados, es decir, PP y PSOE, y dos miembros de los demás grupos.

Los acuerdos se adoptarían, como establece el Reglamento del Congreso, por voto ponderado, y la comisión tendría un plazo máximo de seis meses para investigar lo sucedido y redactar sus conclusiones.

Este órgano podría recabar toda la información y documentación de las autoridades públicas con competencia en esta materia, así como llamar a comarecer a los cargos que puedan aportar luz sobre lo ocurrido.