En concreto, el gobierno autonómico destinará 75.000 euros para que estos sectores del tejido empresarial balear puedan llevar a cabo acciones en este ámbito.

Así, los solicitantes tendrán que hacer un diagnóstico de la situación de la responsabilidad social en la empresa que incluya obligatoriamente temas relacionados con el medioambiente, políticas laborales, conciliación de la vida familiar y política de proveedores.

Además, los adjudicatarios tendrán que garantizar la implantación, como mínimo, de dos medidas de las citadas durante el año 2009.