"Consideramos necesario implicar al sector que trabaja día a día" con las personas afectadas en la elaboración de la ley de la dependencia, dijo Puig Oliver en su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

Por otra parte, la consejera balear pidió también que la cartera básica de servicios del sistema de dependencia recoja centros ocupacionales para las personas discapacitadas.

Con respecto a los convenios bilaterales en los que se basará la financiación autonómica de este sistema, Puig indicó que ponen en "entredicho" la igualdad entre los ciudadanos, pues hacen que la financiación del llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar dependa de presupuestos y de lo que acuerden el Estado y las comunidades.

"La bilateralidad puede ser un mecanismo muy perverso en política", añadió la consejera, quien dijo, ademas, que con los convenios bilaterales se corre el riesgo de crear "17 subssitemas basados en convenios renovables año a año".

Por último, Puig Oliver calificó de "ambigua e indefinida" la futura Ley de Dependencia, que, según reiteró el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su intervención en la Camara Alta, entrará en vigor el próximo 1 de enero.