El pasado mas de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, a través del cual se restablecía el funcionamiento, el desarrollo y la explotación de las apuestas hípiques externas de ámbito estatal en España, atribuyéndose la dirección, la organización y la explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

Esta actuación gubernamental faculta a la mencionada entidad pública a establecer las normas de articulación y de comercialización de las apuestas hípiques externas, así como a dictar las resoluciones que en esta materia considere oportunas, en virtud de las competencias concedidas.

En este sentido, el Gobierno balear considera que con la aprobación de este real decreto "se han pasado por alto las normas más elementales de colaboración y respeto institucional entre administraciones públicas, puesto que el Gobierno central aprobó y publicó esta norma con absoluta reserva y procurando el desconocimiento del Gobierno de las Islas Baleares puesto que, en ningún momento, ha sido consultado en el procedimiento de elaboración y ha conocido el contenido de este real decreto a partir de su publicación en el BOE".

El Ejecutivo de Matas recuerda que, en virtud de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, las competencias sobre el juego y las apuestas "recaen en nuestro ámbito territorial con la exclusiva excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas (que dependen de la administración del Estado)".

"Teniendo en cuenta este hecho", agrega en un comunicado, "resulta obvio que no se pueden considerar apuestas mutuas deportivo-benéficas las apuestas hípiques, a las cuales hace referencia el mencionado real decreto".

Además, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dictó en 2001 el decreto regulador de las apuestas hípiques y otros juegos de promoción del trote, sin que se planteara ningún problema de conflictividad competencial.

Por lo tanto, el Gobierno de las Islas Baleares considera que con este real decreto se vulnera la competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de juego provocando, además, "una importante e injustificada mengua de los propios ingresos públicos baleares".

Finalmente, el hecho de que el plazo por requerir de incompetencia al Gobierno central, por motivo de la vulneración competencial que se deriva del contenido del real decreto, finalice el día 22 de agosto de 2005 ha hecho que el presidente del Gobierno de las Islas Baleares firme hoy el decreto de requerimiento para, posteriormente y en sesión ordinaria, informar al Consejo de Gobierno.