1992 fue en los tribunales españoles el año en que estallaron los principales escándalos relacionados con la corrupción, en u momento en el que procesos como los casos Naseiro, Ollero, Juan Guerra y Filesa acapararon la atención informativa, revelando un enfoque de politización de la Justicia que se acentuó a través del conflicto surgido en la Fiscalía General del Estado.

La corrupción se amplió al terreno de los delitos monetarios y así, el escándalo inmobiliario protagonizado por Renfe llevó a la dimisión al ministro de Sanidad y ex director de la sociedad, Julián García Valverde, mientras que el "caso Ibercorp", abierto or la manipulación del valor de las acciones de Sistemas Financieros, salpicó al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Las fuerzas de seguridad del Estado tampoco quedaron libres de sospechas; la "operación Pitón", ejecutada por el juez Carlos Bueren, desvelaba la implicación de guardias civiles y policías en las redes del narcotráfico, mientras que Baltasar Garzón detuvo en los últimos días de diciembre al número dos de la lucha antidroga de la Benemérita, José Ramón Pindado, acusado entre oros delitos de pagar con droga a los confidentes del Cuerpo.

Todo ello, el mismo año en que por fin el Gobierno aprobó el proyecto de nuevo Código Penal, sin modificar desde 1848, y se procedió a la primera reforma de la Constitución para adaptar el texto legal a las necesidades implícitas en el Tratado de Maastricht y conseguir que los ciudadanos europeos pudieran también ser elegidos alcaldes en nuestro país.

Los cambios en la normativa no restaron la sensación de impunidad que recibía la opinin pública al ver que el hermano del ex vicepresidente del Gobierno se sentaba en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias y Alfonso Guerra quedaba libre de toda culpa, mientras el Tribunal Supremo archivaba el "caso Naseiro" tras declarar nulas las pruebas obtenidas por el juez Manglano contra el ex tesorero del PP y el diputado Angel Sanchis.

Semejante final podría esperarse para el "caso Filesa", en el que la intrépida y sorprendente actuación del juez Marino Barbero, que en su afán pr alcanzar el fondo de la presunta financiación ilegal del PSOE llegó a registrar las sedes del partido y del Banco de España, impulsó a la fiscalía a estudiar la posible inconstitucionalidad de las diligencias practicadas por el magistrado.

Precisamente la actuación del fiscal del caso, al que se ha acusado de "falta de objetividad", sirvió de excusa para reavivar los ataques contra el nuevo fiscal general, Eligio Hernández, acusado de servilismo por su vinculación con el Ejecutivo después de haber dsempeñado los cargos de gobernador civil y delegado del Gobierno en Tenerife, a las órdenes del PSOE. Su nombramiento fue recurrido por las asociaciones profesionales ante el Tribunal Supremo.

LAS SENTENCIAS DEL AÑO

Las sentencias del año llegaron de la mano del Alto Tribunal, que, después de 11 años de tragedia, resolvió a favor de los 25.000 afectados del síndrome tóxico para aumentar las penas de los industriales que distribuyeron el aceite de colza desnaturalizado.

Pero no percibirán las inemnizaciones, que se elevan a cientos de miles de millones de pesetas, hasta que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, lo que sólo será posible si llegan a ser condenados 10 altos cargos de la UCD, cuya causa está aún pendiente de resolución en la Audiencia Nacional.

El Estado sí fue declarado responsable subsidiario de los atentados cometidos por los policías José Amedo y Michel Domínguez contra activistas de la banda terrorista vasca ETA en el sur de Francia, en una sentencia en la ue el Supremo ratificó la condena de 109 años de cárcel para cada uno de los procesados que, por otra parte, vieron cómo se iniciaban los trámites que faciliten el indulto del Gobierno.

Otra resolución judicial, esta vez de la Audiencia Nacional, estableció una pena de tres años de prisión para el arcipreste de Irún, José Ramón Treviño, por dar cobijo en su parroquia a los etarras Iñaki Rekalde y Luis Angel Galarza, días después de cometer un triple asesinato en Santander.

Si el proceso levantó nevas suspicacias sobre la conexión de la Iglesia vasca con ETA, en tela de juicio quedó también la supuesta vinculación de HB con la organización terrorista, a raíz de las implicaciones de dos diputados "abertzales" Iñigo Iruin y Rafael Díez Usabiaga en delitos de colaboración con banda armada, como supuesto mediador en el secuestro de Adolfo Villoslada, en el primer caso, y por intercambiar información con la cúpula etarra en el segundo.

El año judicial se completó en la Audiencia Nacional con un nueo golpe al narcotráfico, esta vez a través de la "operación Hielo Verde", desatada por la DEA norteamericana contra los capos colombianos en varios países europeos, entre ellos España, donde el juez Garzón detuvo a 11 personas.

Garzón incrementó la cooperación internacional con el arresto del traficante de armas Monzer Al Kasar, que será juzgado en nuestro país por su implicación en el secuestro del buque italiano "Achille Lauro" y el intento de asesinato del supuesto agente israelí Elías Awad, accions ejecutadas por el Frente de Liberación Palestino.

Mientras, el juez Miguel Moreiras prosigue implacable las investigaciones por el fraude del IVA, que supera los 100.000 millones de pesetas y en el que están involucradas 600 empresas, a la espera de declararse competente para instruir el caso de presuntos pagarés falsos en el que se ha visto relacionado el ex consejero de la Generalitat de Cataluña Jordi Planasdemunt.

FECHAS CLAVE

- 12 de marzo: El Estado, responsable civil subsidiario de losatentados de los GAL.

- 11 de abril: Eligio Hernández, nuevo fiscal general del Estado.

- 1 de julio: Primera reforma de la Constitución de 1978.

- 4 de septiembre: El Gobierno aprueba el proyecto de Código Penal.

- 18 de noviembre: El juez del "caso Filesa" registra la sede del PSOE.

- 30 noviembre: Juan Guerra, juzgado por el uso de un despacho oficial del Gobierno en Sevilla.

- 12 diciembre: Detenido el subjefe de la lucha antidroga de la Guardia Civil y varios agentes, acuados de pagar a los confidentes con importantes cantidades de cocaína, tráfico de estupefacientes y tenencia ilítia de armas, entre otros supuestos delitos.