El año 92, además de por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, pasará a la historia por haber contenido un paso importante en el desarrollo del Estado de las autonomías. Catorce años después de aprobar los españoles la Carta Magna, las diferentes comunidades autónomas y el Gobierno continúan decidiendo la organización territorial del poder.

El título VIII de la Constitución no establece una estructura territorial concreta de Estado, sino que su desarrollo se ha concebido siempre como una cuestión que afecta a la esencia misma del Estado y que, por tanto, debe ser objeto de consenso entre las diversas fuerzas políticas.

Durante los primeros diez años se han consolidado las instituciones autonómicas y se han cumplido los plazos mínimos previstos en la Constitución para ampliar las competencias de las comunidades autónomas que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143. Una ampliación que fue consumada el pasado2 de diciembre con la aprobación por las Cortes de la correspondiente ley orgánica.

10 COMUNIDADES

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Murcia, La Rioja, Extremadura, Madrid, Aragón y Baleares dispondrán desde la próxima publicación en el BOE de la mencionada Ley de Transferencias de 32 competencias más, valoradas en un billón de pesetas, y más de 200.000 funcionarios. Canarias y la Comunidad Valenciana cuentan desde 1982 con sendas leyes orgánicas de transferencias complementaras.

De las materias transferidas a las comunidades del 143 -que siguen, sin embargo, sin alcanzar el techo de las que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la Carta Magna, principalmente porque siguen sin asumir las competencias en sanidad-, educación es la que se lleva la parte del león del billón, pero su asunción deberá acompasarse a los ritmos de aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse).

Después de educación, el Instituto Nacional de Servicios Socials (Inserso) representa un traspaso de 30.000 millones, mientras que las demás competencias suponen menos de ese dinero.

En 1993, las 10 mencionadas autonomías comenzarán a negociar con el Ministerio de Administraciones Públicas, en las comisiones mixtas de transferencias, los medios personales y materiales que necesitan.

El pasado 20 de enero, Gobierno y autonomías de régimen común (todas menos Euskadi y Navarra), salvo Canarias, establecieron el porcentaje de participación en los ingresos del Esado (PPI) durante el periodo 1992-96. Pero en el futuro no sólo recaudará impuestos la Administración central, sino también los entes territoriales a través de la llamada corresponsabilidad fiscal.

SIN DEFINIR

La corresponsabilidad está todavía sin terminar de definir. Sí se sabe que se implantará a partir del artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en el que se habla del esfuerzo fiscal medido a través del IRPF.

Las incógnitas que plantea la correspnsabilidad fiscal están todavía sin despejar: si se materializará a través del IRPF, si afectará a un 15 por ciento de ese impuesto, si ese porcentaje afectará a la recaudación total de cada comunidad, a su cuota líquida o a su cuota íntegra, o si en la declaración de la renta figurará qué parte ingresa el Estado y cuál la comunidad.

En definitiva, de nada sirven las competencias si no hay dinero para pagarlas y es justo que se encarguen de conseguir esos fondos tanto el Gobierno central como los autoómicos.

Para terminar de complicar el proceso de construcción del Estado de las autonomías, los lógicos tira y aflojas de las relaciones políticas: las elecciones al Parlamento catalán provocaron notables reticencias al pacto sobre el PPI por parte de Jordi Pujol; los aragoneses se manifestaron multitudinariamente para pedir las mismas competencias que Cataluña o el País Vasco, o Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, pidió una "administración única" para dejar al Gobierno central casi con l mitad de los ministerios.

Pero, aunque la lentitud del movimiento a veces no permita apreciarlo, la nave se mueve. Es bueno que surjan dificultades y diferencias: algo tan precioso como el autogobierno no puede ser un asunto sencillo. Incluso, algún político nacionalista vasco ha llegado a decir que el Estado español está en vías de convertirse en uno de los más descentralizados de Europa occidental.

FECHAS CLAVE

- 20 de enero: Las comunidades de régimen común, a excepción de Canarias, y el Goierno acuerdan un nuevo sistema de participación de los territorios en los ingresos del Estado para los próximos 5 años.

- 28 de febrero: El Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular suscriben el "pacto autonómico".

- 10 de marzo: Manuel Fraga anuncia en el Parlamento gallego una propuesta de refundación del Estado de las autonomías, a la que llama "administración única".

- 15 de marzo: Elecciones al Parlamento de Cataluña.

- 17 de marzo: El Gobierno canario y el central alcazan un acuerdo que incluye, entre otras cosas, el PPI.

- 23 de abril: Cerca de 150.000 personas piden en Zaragoza reformar el Estatuto para alcanzar mayor autonomía.

- 2 de diciembre: Finaliza la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Transferencias a las Comunidades del artículo 143.