Así lo refleja un estudio sobre las bajas de larga duración en este colectivo, elaborado por la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Cocemfe (Aecemco) y la Fundación DFA de Aragón, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El informe se presentó este miércoles en un acto organizado por Servimedia en el que intervinieron la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín; el presidente de Aecemco, Ignacio Rodríguez; Isabel Calvo, socióloga y autora del estudio; Marina Ladrero, directora de Recursos Humanos de DFA, y Toñi Romero, trabajadora afectada por una baja de larga duración.

El estudio, elaborado a partir del análisis de bajas laborales en centros especiales de empleo de iniciativa social, pone de manifiesto que el 54,6% de las bajas prolongadas son entre seis y doce meses, y el 45% superan el año.

La mayoría de estas bajas las solicitan personas con discapacidad física, con un grado de discapacidad de entre el 33 y el 44%, con contrato indefinido y a tiempo completo, con la categoría de auxiliar. No hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres en este aspecto.

A partir de la pandemia, la proporción de bajas de larga duración entre personas con discapacidad ha subido, del 10% que rondaba antes de la covid a cerca del 15% en 2020 y 2021.

Según explicó Isabel Calvo, el estudio también revela que hay un elevado porcentaje de recaídas en las bajas, que se acrecienta conforme avanza la edad de los empleados.

MEJORAS

El informe incorpora las propuestas de mejora que los centros de empleo piden a la Administración, entre ellas que se concedan más incapacidades permanentes y que se tramiten con más celeridad.

Ignacio Rodríguez alertó de que cuando se deniegan esas solicitudes de incapacidad permanente, el trabajador vuelve a los centros de empleo y a menudo se encuentran muchas dificultades para la reincorporación o la recolocación en otros puestos. “Vamos a tener un ‘baby boom’ de la discapacidad y esto va a ir a más”, advirtió el responsable de Aecemco.

Su entidad pidió también que se sensibilice y se reconozca con ayudas a los centros especiales de empleo de iniciativa social por la labor de apoyo que dan a las personas con discapacidad que se ven obligadas a coger este tipo de bajas laborales prolongadas.

Marina Ladrero, directora de Recursos Humanos de DFA, resaltó la labor de asistencia forense y jurídica que hacen los centros de empleo de ayuda a los trabajadores a los que Trabajo deniega la incapacidad.

Toñi Romero, trabajadora con discapacidad que se tuvo que coger una baja de nueve meses, se quejó de que el Instituto Nacional de Seguridad Social parece que está “deshumanizado” y deniega las incapacidades permanentes de forma “arbitraria”.

La directora general de Trabajo Autónomo, Maravillas Espín, se congratuló por la publicación de este informe. A su juicio, "aporta luz" “sobre una de las cuestiones que más preocupan a los centros de iniciativa social, como es de las bajas de larga duración de las personas con discapacidad. Aseguró que su Ministerio tendrá en cuenta sus conclusiones a la hora de estudiar medidas.

El presidente de Aecemco anunció que tienen intención de elaborar el año próximo otro informe. En este caso, dedicado a todo tipo de bajas laborales en los centros especiales de empleo.