La investigación no tiene límite temporal fijado, explicó Rodríguez, se hace por la dimensión nacional que ha adquirido el escándalo -"que no tenía hace un mes", matizó- y parte del principio de confianza en la Dirección del PP balear, que insiste en que "no hay nada de nada" de las irreguaridades publicadas.

Aznar y el vicesecretario general del partido, Mariano Rajoy, han informado oficialmente de la apertura de la investigación al Comité Permanente del PP, reunido hoy en Madrid para analizar la próxima campaña electoral catalana.A la reunión no ha asistido el presidente del PP balear, Gabriel Cañellas, por coincidir con el pleno de investidura en el Parlamento regional, dijo Rodríguez.

Carlos Argos, miembro de la Comisión de Conflictos, será el `ponente' de ese expediente, coo adelantaba hoy `El Mundo' y su primer tarea consiste en recabar información de ese supuesto cobro de comisiones. "En estos momentos es sólo una petición de información para que la dirección del partido conozca en profundidad los datos que tiene la dirección regional", dijo Rodríguez esta mañana a Servimedia.

Hasta el momento, explica el portavoz popular, la Dirección Nacional tenía "cierta" información y con esa investigación pretende tener "toda" la información sobre qué ha pasado en el PP de Baleaes.

Respecto a la depuración de responsabilidades políticas en el PP balear, el director de la Oficina de Información del partido se remitió al resultado de las investigaciones. Sí advirtió en que este caso no es comparable a otros que afectan directamente a Felipe González o al PSOE, en los que no se han depurado responsabilidades hasta que los tribunales se han pronunciado.

EL `CASO DEL SILLON'

La tesis de la Dirección Nacional del PP está basada en que las direcciones regionales ejercen de frma autónoma. Bajo este principio de confianza, salvo que se demuestre irregularidad, prosiguió Rodríguez, Aznar no tiene por qué saber del tema, igual que González no sabía del `caso del sillón' que afecta al secretario general del PSOE aragonés, José Marco.

Otro ejemplo de depuración de responsabilidades es el expediente abierto al cabeza de lista del PP en Alcobendas (Madrid) por haber pactado con el PSOE un sueldo de nueve millones para el alcalde socialista y otro de ocho millones para él. Esto e "intolerable" para la Dirección Nacional, dijo Rodríguez, y se le va a pedir que rectifique o se le expulsará.

Este caso sirvió al portavoz popular para hablar de irregularidad "flagrante" y de consiguiente actuación inmediata del partido. "El caso de baleares es distinto", matizó, sobre la base de que están en marcha varias investigaciones.

El supuesto cobro de 50 millones de la empresa adjudicataria del Túnel del Soller meses después de que el Gobierno de la comunidad autónoma hubiese decididoesa adjudicación consta en un informe remitido por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial al Juzgado Número 1 de Instrucción de Palma de Mallorca, que instruye los hechos.

Según ese informe, el 30 de enero de 1989, dos meses después de la concesión de las obras a una empresa de la que era accionista mayoritario Antoni Cuart, a su vez socio del presidente balear, Gabriel Cañellas, en Salinera Española, se produjo una salida de 50 millones de la cuenta de la obra en la oficna principal de Banca March en Palma, en concepto de "anticipo de proyecto".

El informe policial detalla como, mediante una compleja operación de ingeniería financiera con cheques, el dinero fue a parar a cuentas del PP y destinado a pagar gastos de los populares en la campaña de las Elecciones Generales en 1989.