Aznar afirmó en rueda de prensa en el Senado que las medidas adoptadas por el Gobierno -entre las que figuran el incremento de retenciones y tarifas del IRPF para 1992- suponen "una violación del principio de irretroactividad y del principio de seguridad jurídica que caracterizan nuestro ordenamiento jurídico".

El PP argumenta su recurso afirmandoque era inexistente una necesidad urgente que justifique un decreto ley. Los populares consideran que las medidas podrían haberse incluido en un proyecto de ley o en los próximos Presupuestos del Estado.

En opinión del PP, si el aumento de recaudación como consecuencia del aumento de tarifas no se va a producir hasta junio del año que viene, no hay urgencia, y por tanto, el Ejecutivo ha contravenido el artículo 86.1 de la Constitución.

El PP también cree que se ha impedido a las minorías parlamenarias la discusión de las medidas en un trámite parlamentario normal.

En un comunicado público, el partido de José María Aznar explica su convecimiento de que, además, ha sido violado el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.

"Aun cuando el hecho imponible del IRPF no tiene un momento exacto de producción, lo cierto es que la aplicación del real-decreto ley a ingresos producidos en los siete primeros meses del ejercicio supone una retroactividad media, uya valoración constitucional debe realizar el Alto Tribunal", afirma el comunicado.

En cuanto a la violación del principio de seguridad jurídica en que, según el PP, incurre el decreto ley, el comunicado señala que en materias tributarias este principio adquiere una especial relevancia, "pues del conocimiento y certeza del ordenamiento jurídico, y del saber a qué atenerse, dependen decisiones individuales económicas de indudable importancia (adquisiciones patrimoniales, endeudamiento, deducibilidad d intereses, etc)".

Por otra parte, José María Aznar informó en su comparecencia informativa que el PP estudia la posibilidad de presentar otro recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen de incapacidad laboral transitoria.

"El traspaso a las empresas del abono de las bajas por enfermedad del cuarto al decimoquinto día puede vulnerar los artículos 41 y 9.3 de la Constitución", según el PP.

Este partido entiende que el Gobierno renuncia a obligaciones que la Constitución impone al stado mediante el establecimiento de un régimen público de Seguridad Social. Ello produce un efecto "expropiatorio o confiscatorio", al añadir a las obligaciones de cotización las obligaciones del pago de una de las prestaciones.