Aznar, que hizo estas declaraciones en Barcelona tras runirse con la dirección de su partido en Cataluña, negó que existiera una campaña organizada "ni contra las instituciones ni contra nadie", tal como asegura Felipe González a raíz del "caso Palomino", y añadió que "si esto no es así, que alguién lo diga".

Según dijo, los recientes casos de presunta corrupción surgidos en los últimos días y "la prolongación de esa actitud de querer obviar la situación" han llevado a que "las circunstancias que vivimos sean muy difíciles".

No obstante, aseguró que l PP quiere transmitir "un mensaje de confianza y optimismo" porque su partido, "más que una alternativa democrática, es la garantía más importante para que no se llegue a un proceso de italianización" en el país.

El líder popular insistió en que "el Gobierno se ha bunquerizado porque Convergncia le mantiene" y, en un momento de la rueda de prensa, diferenció entre los dirigentes de Convergncia y los de Unió Democrática de Catalunya (UDC). Sobre estos últimos comentó: "Unió es otra cosa", y añadió quecon el partido democristiano "es más fácil el diálogo".

Aznar hizo una reflexión sobre los posibles motivos que llevan al partido de Jordi Pujol a seguir apoyando al Ejecutivo de Felipe González y descartó los argumentos de la economía productiva, los Presupuestos y la inversión.

"Antes se utilizaba la teoría falsa de la gobernabilidad del Estado, pero luego se vio a las claras que había intereses mutuos que ocultar", agregó.

CASO PALOMINO

Sobre "el caso Palomino", exigió la comparecencia el presidente del Gobierno para que "dé las explicaciones necesarias" y rechazó también las acusaciones del secretario general del PSOE, Cipriá Ciscar, de que el PP está detrás de una campaña personal contra González.

En este sentido, el presidente popular señaló con ironía que "claro que el PP es responsable de esta campaña y también de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Franco-Prusiana y la de los 30 años", y advirtió a Felipe González que no aceptaría "intentos de coaccionar la libertad de expesión.

Respecto a la publicación de unas conversaciones telefónicas entre el consejero de Obras Públicas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, y diversas personas del ámbito político comentó que "lo que no es lícito es grabarlas".