En su opinión, una decisión judicial de esas características "deja a la sociedad civil totalmente indefensa contra hechos de proporciones tan enormes como el vertido de Boliden-Apirsa", a lo que se ha une el "inaudito" hecho de que tampoco se han depurado responsabilidades políticas por el suceso.

La SEO asegura que resulta desproporcionado que un pastor sea condenado por delito ecológico a pagar un millón de pesetas por cortar una planta protegida y que una multinacional que arrasa decenas de kilómetros de un río y contamina miles de hectáreas de un espacio protegido no tenga que desembolsar ni un duro y, para colmo, debamos pagarle todos los ciudadanos indemnizaciones de nuestro bolsillo. Realmente, todo esto parece una inocentada".