Este cambio de responsabilidad en el pago de las cotizaciones ha sido posible tras la modificación del real decreto en el que se regulaba la protección por Seguridad Social de estas personas.

Hasta ahora, eran los propios Ayuntamientos quienes asumían las obligaciones derivadas de la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, lo que generaba costes económicos adicionales para los que, según la FEMP, no tenían dotación.