Según informó hoy la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que apoya a estas corporaciones municipales, entre los ayuntamientos que han acordado recurrir al Constitucional figuran los de Bunyola, Escorca, Estellencs, Palma de Mallorca, Santanyí, Sa Pola, Campos, Valldemosa, Esporles e Inca.

Estos y otros auntamientos entienden que la aplicación de esta normativa afecta de forma grave al principio constitucional de autonomía local, y por ello han acordado dirigirse al Alto Tribunal, un derecho del que disfrutan las corporaciones municipales desde que en 1998 fuera aprobado un paquete de medidas destinadas a reforzar el gobierno local, más conocido como Pacto Local.

La FEMP, en la reunión que mantuvo ayer su Comisión Ejecutiva, analizó los dictámenes emitidos por los servicios jurídicos de la Federació dEntitats Locals de les Illes Balears, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca y de la propia FEMP, y acordó dar su pleno apoyo al proceso emprendido por estos ayuntamientos en defensa de su autonomía local.