Los objetivos que persigue esta iniciativa son mejorar la eficiencia y el ahorro energético, y su consecuencia inmediata, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero; limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa, y reducir la luz "intrusa o molesta".

La nueva normativa se aplicará sólo a nuevas instalaciones o a reformas significativas y únicamente a aquellas que superen los 1.000 vatios.

El real decreto aprobado hoy entrará en vigor el 1 de abril de 2009 y es el desarrollo de una de las principales medidas del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011. Se aplicará en paralelo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que ya estableció las condiciones de seguridad de las instalaciones de alumbrado exterior.

Se trata de la primera regulación estatal de estas características que se realiza en España.

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el alumbrado público consumió el pasado año más de 3 millones de megavatios de electricidad, del que un 95% correspondió a instalaciones municipales.

El nuevo Reglamento permitirá disminuir su consumo de electricidad en algo más de un 30%, con una mejor aplicación de la luz a los espacios que realmente necesitan ser iluminados.

Según este Departamento, la implantación de criterios de eficiencia energética sólo en este capítulo puede suponer ahorros de consumo energético equivalentes a entre 150.000 y 230.000 toneladas de petróleo, lo que significaría, a su vez, la disminución de unas 450.000-690.000 toneladas de emisiones de C02 al año