Precisamente, la Comisión Ejecutiva de la FEMP aprobó hoy una moción sobre los contenidos mínimos que deben introducir los estatutos de autonomía, actualmente en proceso de reforma, en relación con las entidades locales.

La moción, aprobada por unanimidad, reclama que los nuevos estatutos "reconozcan y amparen el potencial de los gobiernos locales al servicio de los ciudadanos". El texto reclama la consideración de los municipios como "entidad territorial básica" y de las provincias como "entidad territorial determinada por la agrupación de municipios", garantizando su autonomía política y administrativa, de acuerdo con la Constitución y la Carta Europea de la Autonomía Local.

Asimismo, pide el reconocimiento de la "plena capacidad" de los municipios para realizar actividades y prestar servicios, "sin otro límite que el respeto a la ley y a las competencias de otras Administraciones públicas".

En materia de competencias, la iniciativa de la FEMPreclama la atribución, en cada uno de los estatutos, de competencias propias a municipios y provincias mediante la inclusión de "sendos listados, así como la enumeración de las materias sobre las que las leyes sectoriales autonómicas transferirán competencias a las entidades locales".

También contempla la posibilidad de que la Comunidad Autónoma delegue competencias a las entidades locales. Sin embargo, el documento aprobado establece una serie de "premisas" para el ejercicio de las mismas, particularmente relacionadas con la garantía de financiación.

La FEMP destaca, entre las condiciones, la posibilidad de que algunas competencias municipales, por insuficiente capacidad de gestión, puedan ejercerlas las provincias u otras entidades locales en las que se agrupen esos municipios; que las competencias propias se ejerzan con plena autonomía de gobierno, sin que puedan ser objeto de control de oportunidad por ninguna otra Administración Pública; y que en ningún caso las entidades locales estarán obligadas a asumir competencias, ni propias ni delegadas si las leyes que se las atribuyen no prevén los mecanismos de financiación suficientes para ejercerlas.

Del mismo modo, pide el reconocimiento de la potestad normativa de los gobiernos locales para ordenar, en su ámbito de actuación, la actividad de los particulares, como expresión de su autonomía y del principio democrático en que se fundamentan, sin otro límite que el respeto a la Constitución y las leyes.

Por último, en el ámbito de las relaciones interadministrativas, la moción reclama el derecho de las entidades locales a intervenir en los procedimientos normativos que les afecten; el ejercicio de las de la iniciativa legislativa, en los términos que establezca una ley autonómica; y la creación, en el seno de la Asamblea Legislativa, de un Consejo de Gobiernos Locales, con capacidad para emitir dictámenes sobre los proyectos normativos que puedan afectarles, introduciendo enmiendas sobre las que la Asamblea Autonómica deberá pronunciarse.