Esta elevación será posible gracias a la enmienda introducida ayer en los Presupuestos del Estado del año que viene, como consecuencia de un acuero ultimado horas antes por Vázquez con el vicepresidente del Gobierno, Narcis Serra, y el ministro de Economía, Carlos Solchaga, y que contó con la abstención del Grupo Popular.

La principal novedad del acuerdo consiste en desvincular los ingresos que los entes locales reciben del Estado de los que asignados a las comunidades autónomas, ligándolos directamente a la evolución de los gastos corrientes, de personal y de inversión de la Administración Central.

Este sistema, según la FEMP, habría supusto unos ingresos adicionales de un 4,6 por ciento (unos 26.000 millones de pesetas) en 1990, último ejercicio liquidado por el Estado a los ayuntamientos y diputaciones, y podría suponer una cantidad similar en 1991 y 1992.

Vázquez aseguró que el nuevo sistema impedirá que en 1992 y 1993 se reproduzca el contencioso entre la FEMP y el Ministerio de Economía, si bien queda pendiente de negociar la deuda que los municipios reclaman correspondiente a 1990 (110.000 millones de pesetas) y 1991 (que se podía situar en 100.000 millones).

El presidente de la FEMP confía en que, como mínimo, pueda aplicarse a esos dos ejercicios el incremento retroactivo que resultaría de haber funcionado entonces los criterios de valoración pactados para el 92 y el 93.

La nueva situación creada por este cambio de actitud de Hacienda será estudiada por el Comité Ejecutivo de la FEMP el próximo 27 de diciembre, pero Vázquez se mostró convencido de que permitirá "desbloquear" las relaciones con el Gobierno central.

De momento, la FEMP se abstendrá de recomendar a los ayuntamientos que recurran individualmente ante el Tribunal Económico Administrativo la asignación que les otorgó Hacienda como participación en los ingresos del Estado de 1990, para favorecer un clima que haga posible el acuerdo.

LOS PROBLEMAS DEL IAE

Por otra parte, Vázquez reconoció que los ayuntamientos no tendrán ultimados hasta mayo sus censos de contribuyentes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y advirtió que es facultad de los yuntamientos dar de alta de oficio a quienes se resistan a hacerlo de "motu propio".

Se mostró contrario al planteamiento de la patronal CEOE de fijar de antemano cuánto crecerá la presión fiscal municipal en 1992, por entender que cada ayuntamiento debe actuar autonómamente en función de sus necesidades.

Finalmente, Vázquez señaló que la FEMP quiere negociar también con el Estado los problemas derivados de la aplicación del IAE, la aplazada revisión catastral y la situación de la vivienda, entreotros.