Según informó este martes el Consistorio, esta figura jurídica, regulada en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, permitirá a las diferentes administraciones actuar de manera coordinada y con una gestión eficiente para abordar competencias de interés común.

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, defendió la necesidad de este instrumento: "El consorcio hace posible que la solución para la Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos".

La propuesta surge tras la reciente resolución del Consejo de Europa que ha condenado al Gobierno de España por la falta de luz en la Cañada. En los sectores 4 y 5, situados en Rivas, hay suministro eléctrico, aunque con problemas puntuales por sobrecarga.

PLAN DE REALOJOS

El Consorcio priorizaría acelerar la ejecución del plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real, que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años.

El Ayuntamiento continúa trabajando en la ejecución de su parte del plan, facilitando acceso a vivienda digna a las familias más vulnerables tanto en Rivas como en otros municipios de la región.

"El Consorcio permitiría una implicación directa del Gobierno central en la gestión, asegurando que los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid se traduzcan en soluciones concretas", explicó Castillejo.