La acción de protesta consistió en la colocación, frente a la puerta del Consell, de una serie de materiales (papel, ropa, vidrio, metal y electrodomésticos averiados) separados y empaquetados en función de su composición.

El objetivo de Greenpeace era expresar su oposición a la construcción de la incineradora de residuos de Son Reus y demostrar que es posible reciclar los materiales que podrían ser tratados en esa planta.

Según Geenpeace, el ayuntamiento, a instancias del presidente del Consell Insular de Mallorca, Joan Verger, procedió a la retirada de los materiales y los trasladó al vertedero de Son Reus.

Como consecuencia de la acción de protesta, la organización ecologista fue multada por "el vertido intencionado de toneladas de basura, frente a la sede del Consell Insular de Mallorca". El coste de la sanción, su recargo y la factura por la retirada y traslado de los materiales asciende a 35.951 pesetas.

Greenpeace e negó a abonar la sanción, por entender que no realizó ningún vertido y que no se trataba de residuos, sino de "materiales fácilmente recicables y con un valor en el mercado".

La asociación ecologista presentó un recurso a la sanción, que fue aceptado por el ayuntamiento, ya que, según Greenpeace, "los propios servicios jurídicos municipales se vieron obligados a admitir que la acción perseguía un fin altruista y que no constituía un vertido de basuras, sino el depósito de un material recicable".

No obstante, el Gobierno municipal de Palma ha mantenido la sanción, por lo que Greenpeace ha interpuesto un contencioso administrativo contra el ayuntamiento.

Xavier Pastor, presidente de Greenpeace España, manifestó que esta organización siempre hace frente a las consecuencias de sus acciones. "Sin embargo", agregó, "en esta ocasión nos opondremos hasta el final al revanchismo de los promotores de la incineradora".