Según recordó este miércoles el Consistorio de Majadahonda, se trata de una nueva figura impositiva creada por la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada por el Gobierno central, que obliga y vincula a las entidades locales a disponer y aplicar una tasa para financiar los costes del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

La normativa permite que esta tasa obligatoria no entre en vigor hasta el ejercicio 2025, de ahí que el Ayuntamiento de Majadahonda apurará el plazo legal disponible y no aplicará este tributo hasta ese año, en línea con su compromiso de mantener una política fiscal moderada y flexible que le ha convertido en el segundo municipio español de más de 50.000 habitantes con la presión fiscal más baja.

Así, el presupuesto municipal de 2024, que se aprobó y entró en vigor recientemente, no contempla como ingresos la aplicación de esta nueva tasa. Es por ello que a lo largo del presente año se procederá a diseñar el contenido de la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa.

Para ello, se están comenzando a analizar las características y usos de los inmuebles existentes en el municipio y, en paralelo, se estudiarán las posibles bonificaciones que se consideren procedentes para determinar y atenuar el impacto de esta nueva tasa para hogares, profesionales, comercios y empresas.