El portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, defendió que “la Constitución está sometida a la nación” y no puede “ser parte de un proyecto de destrucción de la nación”. En esa línea, hizo referencia a que la Carta Magna impide el “indulto general” y señaló que “el mayor peligro que sufre ahora mismo” la Constitución es que está en manos de “un Gobierno que está dispuesto a entregarle los instrumentos necesarios a quienes quieren destruir esa soberanía nacional”.

Añadió que en este contexto se está produciendo "un terrible deterioro institucional" y una "crisis nacional" que se podría calificar como "el mayor acto de corrupción que se ha producido nunca desde que se aprobó la Constitución". Finalmente declaró que hay una "auténtica casta de políticos privilegiados que están por encima de la ley y del Código Penal" y por encima de "la propia Constitución".

LEY "AD HOC"

La concejala Marta Rivera de la Cruz defendió la iniciativa en nombre del PP, y aseguró que "no hay alquiler tan caro como el que nos cuesta a los españoles la estancia en La Moncloa de Pedro Sánchez y su familia". A ese respecto advirtió que los independentistas no "renuncian" al siguiente paso, que es "la convocatoria de un nuevo referéndum".

Rivera de la Cruz argumentó además que el mensaje que manda esta ley es "que unos ciudadanos pueden cometer sin consecuencias una serie de delitos, simplemente enarbolando la bandera del independentismo" y, por tanto, hay "una diferencia de trato basada exclusivamente en la fe del autor de un delito".

Finalmente, reprochó que la ley se haya redactado "ad hoc" como "ha dejado clara la continua necesidad de adaptación, para incorporar las acusaciones que anunciaban los jueces" con el fin de "beneficiar a personas concretas".

"DERECHAS REACCIONARIAS"

La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, rechazó la moción y comenzó su intervención recordando la "situación que se heredó" en Cataluña del Gobierno del PP con "un Gobierno independentista en la Generalitat", "dos referéndums ilegales", una "declaración unilateral de independencia", "división social", "crispación creciente" y la "aplicación del artículo 155".

Denunció que se respondió al independentismo con los "métodos" de las "derechas reaccionarias", con "la policía patriótica", constituida para "crear pruebas falsas" y "la disolución de los partidos políticos para hacer desaparecer a todo aquel que no comulgara con su ideario político". Finalmente, argumentó que el Gobierno busca "acabar con el tiempo de enfrentamiento y abrir un nuevo tiempo de reconciliación y reencuentro".

Desde Más Madrid también votaron en contra y su concejala Pilar Sánchez Álvarez acusó a PP y Vox de traer este tema "no porque estén preocupados por la igualdad entre los españoles", sino porque tienen un "claro interés partidista" para "confrontar" y porque no tienen "un proyecto para España".